Ante la alarmante cifra de 4.108 fallecidos en siniestros viales durante 2024, un promedio de 11 muertes por día, la Coalición por la Movilidad Segura intensificó su llamado a la Asamblea Nacional para aprobar una reforma urgente al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia de tránsito. La propuesta busca colocar la vida humana como prioridad absoluta en la regulación vial del país.
La iniciativa llega en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, conmemorado cada tercer domingo de noviembre. La fecha, avalada por las Naciones Unidas, recuerda a las personas fallecidas en las vías y exige a los Estados adoptar medidas efectivas para prevenir más tragedias. En Ecuador, la tendencia ascendente obliga a tomar acciones inmediatas.
Un país con la mayor mortalidad vial de Sudamérica
La Coalición, integrada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas TANDEM, Carishina en Bici y la Asociación de Peatones Quito, advierte que las leyes actuales no están funcionando. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ecuador registra la tasa de mortalidad vial más alta de Sudamérica, con 23,4 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
De acuerdo con el Banco Mundial, los siniestros viales le cuestan al país entre el 3% y el 5% de su PIB anual, lo que representa alrededor de $ 5.482 millones, recursos que podrían destinarse a servicios esenciales como salud, educación o programas de prevención.
Los dos factores más letales: velocidad y alcohol
La propuesta de reforma apunta a los principales detonantes de la violencia vial:
1. Exceso de velocidad. Responsable del 45% de los siniestros en 2024, provoca dos de cada diez muertes en las vías. La Coalición recuerda que un peatón atropellado a más de 50 km/h tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir.
2. Alcohol al volante. Conducir bajo efectos del alcohol multiplica por 17 el riesgo de morir en un siniestro. Este factor causó el 7% de los incidentes de 2024. En Ecuador, la sanción más elevada se aplica a partir de 1,2 g/l de alcohol en la sangre, el doble del límite recomendado por la OMS (0,5 g/l), equivalente a consumir una botella de whisky.
“No se trata de castigar más, sino de sancionar mejor y con justicia. Las leyes deben proteger la vida y reducir la impunidad. Hoy, la Asamblea tiene la oportunidad histórica de salvar vidas con una reforma coherente y urgente”, afirmó Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura.
La propuesta de reforma al COIP
Las organizaciones proponen actualizar el COIP para cerrar vacíos legales y establecer sanciones proporcionales y efectivas:
Conducción bajo efectos del alcohol
- Rebautizar el artículo como “Conducción bajo efectos del alcohol”.
- Ajustar el límite máximo a 0,5 g/l, conforme a la OMS.
- Establecer tolerancia cero para jóvenes, novatos y motociclistas.
- Aplicar una escala gradual de sanciones:
- Leve (0,3–0,5 g/l): multa de 1 SBU, reducción de 5 puntos y 5 días de cárcel (sustituible si es primera vez).
- Grave (0,5–0,8 g/l): multa de 2 SBU, reducción de 10 puntos y 15 días de cárcel.
- Muy grave (+0,8 g/l): multa de 3 SBU, suspensión de licencia por 60 días y 30 días de cárcel.
- En caso de reincidencia, aumentar la multa en un tercio y ordenar tratamiento obligatorio.
- Retener el vehículo hasta el pago de la multa, con responsabilidad solidaria del propietario.
Exceso de velocidad
- Crear un nuevo artículo (385-A) que elimine los rangos moderados y sancione según el exceso real.
- Escala propuesta:
- Leve: hasta +10 km/h → multa de 0,5 SBU.
- Grave: +11 a +20 km/h → multa de 1 SBU.
- Muy grave: más de +20 km/h → multa de 1,5 SBU y suspensión de la licencia entre 5 y 45 días.
- La reincidencia podría implicar multas más altas, suspensión prolongada o incluso privación de libertad.
Un llamado urgente a la Asamblea
La Coalición por la Movilidad Segura insiste en que Ecuador tiene la oportunidad histórica de reducir en un 50% las muertes viales para 2030, en línea con los objetivos globales de seguridad vial promovidos por la ONU.
La propuesta se presenta en el marco del proyecto de Ley Reformatoria al COIP, ya aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional y cuyo segundo debate está previsto antes de que concluya 2025.
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