El jurista Paúl Ocaña, quien patrocina la defensa del general (SP) Hegel Peñaherrera, cuestionó la decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de retomar el caso 30S y reformular los cargos contra varios de los oficiales de Fuerzas Armadas (FFAA) que formaron parte del alto mando militar aquel jueves 30 de septiembre de 2010.
La fiscal que lleva adelante el caso reformuló los cargos contra los oficiales en servicio pasivo Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera. A ellos, ahora los procesa por el asesinato del policía Froilán Jiménez, ocurrido durante el operativo de rescate del entonces presidente Rafael Correa, tras su salida del hospital de la Policía Nacional. Inicialmente, los cinco militares estaban siendo procesados por homicidio. La pena por asesinato oscila entre 22 y 26 años de prisión. Por ello, Fiscalía argumentó que recabó evidencias y pericias en el marco de la instrucción fiscal.
El abogado Ocaña aseguró que existe un “error” en torno a la situación de su defendido. Dijo que a Peñaherrera lo señalan por supuestamente dar orden para rescatar a Correa. “Hay un error, una confusión. El general Hegel Peñaherrera, en su calidad de Comandante de la Primera División Shyris, dispuso la acción inicial para que los militares preparen el equipo, se alisten, y esperen disposiciones. Nada más”, argumentó.
Peñaherrera estaba en otra ciudad
Aseguró que Peñaherrera se encontraba en Quevedo cuando dio esa orden, intentó trasladarse en helicóptero a Quito, pero por las condiciones climáticas llegó hasta Santo Domingo. Desde allí viajó vía terrestre a la capital, sin que haya tenido contacto ni señal para comunicarse. “En el momento que perdió la comunicación, no tuvo manera de recibir ni dar órdenes. No tuvo contacto con ningún otro miembro del alto mando, por lo que su superior se contactó con sus inferiores”, agregó. Por ello, dijo que solicitaron una pericia para certificar que el general Peñaherrera nunca tuvo conocimiento ni participación en estos hechos.
