El especialista en derecho electoral y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Esteban Ron, aseguró que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sí tiene atribución constitucional y legal para sancionar y hasta destituir, a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las declaraciones las dio tras conocer esta mañana que el movimiento Justicia Social presentó una denuncia contra el CNE por infracción electoral grave. El organismo electoral aprobó con cuatro de los cinco consejeros del organismo, la noche del lunes 14 de diciembre, la resolución en la que no definió el acatamiento de la sentencia del TCE sobre la vida jurídica de la organización política. El CNE tampoco explicó la forma de realización de los ejercicios de democracia interna para poder inscribir candidaturas. Por el contrario, mantuvo el suspenso tras el anuncio de presentación de una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional (CC).
En entrevista para el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio, Ron explicó que el Código de la Democracia sí le otorga al TCE la atribución de sancionar la conducta de los consejeros del CNE. Así, esto incluye la suspensión de derechos políticos, multa y destitución. Además, el jurista, incluso, reveló que esas sanciones sí pueden ser ejecutadas en medio del proceso electoral.
Desacato al TCE
Ron criticó la resolución que emitió el pasado lunes el CNE. Así, a su juicio, desacata una sentencia del TCE, que es obligatorio cumplimiento. “La denuncia de Justicia Social es una reacción lógica, ya que existe un incumplimiento del CNE sobre la sentencia 080, que dictó el TCE el 30 de octubre, y que el 8 de diciembre recibió un auto de ejecución, que el CNE no está acatando”, destacó. Según Ron, aquí se configuraría el incumplimiento de orden de autoridad competente.
El jurista también explicó las complejidades de la demanda de conflicto de competencias. La misma, no ha sido aún presentada ante la CC. Para la admisión de la demanda, la corte tiene 15 días término -sin fines de semana ni feriados- y mientras no establezca si la admite o no, no habrá efectos suspensivos. Así, se mantiene la incertidumbre sobre las elecciones.
