El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, rechazó cualquier vinculación con los audios difundidos este lunes y negó haber solicitado a terceros que intervengan ante operadores de justicia para influir en procesos judiciales.
En una entrevista para el programa Revelaciones, que se transmite por Primera Plana y RTU, afirmó que en esos registros no aparece su voz y que tampoco ha pedido a ninguna persona que actúe a favor o en contra de determinada causa judicial.
En ese contexto, explicó que el director provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, no fue designado de manera directa por él, sino por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de una terna proveniente de la administración anterior. Recordó que, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, tanto los directores nacionales como los provinciales son nombrados por el Pleno del organismo.
Godoy precisó que, bajo ese mismo marco legal, el Pleno tiene la facultad de solicitar la renuncia o relevar de funciones a un director provincial mediante una disposición administrativa. En ese sentido, informó que este lunes se solicitó la renuncia de Gaibor, sin perjuicio de que el Pleno pueda adoptar otras decisiones respecto a su permanencia en el cargo.
El titular de la Judicatura reiteró que sus actuaciones se han enmarcado en la normativa vigente y que cualquier decisión sobre autoridades provinciales corresponde de manera colegiada al Pleno del organismo.
Descarta renunciar al Consejo de la Judicatura
Godoy afirmó que no ha considerado presentar su renuncia al cargo y negó haber incurrido en actuaciones irregulares o presiones a jueces, en medio de los cuestionamientos surgidos en los últimos días.
Sostuvo que solo contemplaría dejar el cargo si hubiese cometido un acto indebido de manera deliberada, lo cual —aseguró— no ha ocurrido. “No he hecho absolutamente nada”, afirmó, al reiterar que ningún juez fue presionado ni se le retiró o negó seguridad, y que tampoco se ha impedido aceptar renuncias de magistrados.
El titular de la Judicatura rechazó las versiones que señalan presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, y aseguró que los audios difundidos públicamente no evidencian ese tipo de acciones. Añadió que no ha intervenido, ni de forma personal ni a través de terceros, para influir en causas judiciales.
Asimismo, cuestionó que se intente vincular el caso con la actuación profesional de su esposa, quien —según explicó— participó como abogada únicamente durante una etapa preprocesal, cuando aún no existía formulación de cargos ni actuaciones judiciales sustantivas. A su criterio, se pretende mezclar ese antecedente con los audios difundidos para construir una narrativa que busque deslegitimarlo y poner en duda su idoneidad para el cargo.
Señaló que, ante eventuales pedidos de juicio político en su contra o contra otros organismos, “la línea es clara”, y reiteró que responderá a los señalamientos en las instancias correspondientes, defendiendo su actuación y la institucionalidad del Consejo de la Judicatura.
“Judicatura no decide sobre la seguridad de los jueces”
Godoy afirmó que ese organismo no tiene la competencia para asignar o retirar la seguridad personal de los jueces y que su rol se limita a coadyuvar con las instituciones responsables.
Explicó que los informes de seguridad y los análisis de riesgo son elaborados por la Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior. Una vez que estas entidades determinan una variación en el nivel de riesgo, dicha información es comunicada al Consejo de la Judicatura por las instancias provinciales correspondientes.
Según detalló, en el caso analizado, el director provincial informó que el nivel de riesgo del juez había disminuido y que, en consecuencia, dejaría de contar con seguridad. Tras recibir esa notificación, la Judicatura actuó dentro de sus competencias y, el 8 de diciembre, remitió un oficio al Ministerio del Interior para que se proceda a otorgar la protección que el magistrado requiera.
También recalcó que en ningún momento la institución dispuso el retiro de custodios, ya que esa decisión no le corresponde legalmente. “El Consejo de la Judicatura no pone ni quita seguridad a los jueces”, insistió, al señalar que cualquier medida de protección depende exclusivamente de los informes técnicos y de las resoluciones de las autoridades de seguridad del Estado.
“Judicatura actuó de inmediato tras alertas de seguridad y denuncia pública”
Señaló que le sorprendió la situación que derivó en una controversia pública sobre la seguridad de un juez anticorrupción y aseguró que, al conocer los hechos, tomó acciones inmediatas junto con el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Godoy indicó que, una vez que se enteró de lo ocurrido, solicitó explicaciones directas a los funcionarios correspondientes. Según relató, se le informó sobre alertas relacionadas con los sistemas de seguridad en el entorno de jueces que conocen causas sensibles, las cuales —dijo— ya habrían sido reportadas con anterioridad y constan incluso en informes de seguridad del propio magistrado.
Recordó además que en el pasado se registró un atentado con explosivos en las inmediaciones de un complejo judicial, hecho que habría generado alertas adicionales sobre riesgos en estos entornos. No obstante, señaló que no pensó que la situación fuera a trascender públicamente en la magnitud que lo hizo.
Explicó que el Consejo adoptó dos medidas concretas de manera inmediata: poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado el contenido del artículo que alertó sobre las presuntas amenazas, y disponer a la Dirección Nacional de Transparencia el inicio de procedimientos internos de investigación, que continúan en sustanciación.
Niega participación de su esposa en proceso judicial y aclara alcance de su intervención
El titular de la Judicatura negó que su esposa haya tenido participación en etapas clave de un proceso judicial mencionado en recientes cuestionamientos públicos y aseguró que su intervención se limitó únicamente a la fase preprocesal.
Godoy explicó que, al momento en que su esposa actuó como abogada, el caso no había avanzado a formulación de cargos, audiencia evaluatoria, juicio ni sentencia. “Ella no estuvo en ninguna de las audiencias posteriores ni participó en la formulación de cargos ni en la sentencia”, recalcó.
Indicó que, cuando un abogado se aparta de la defensa técnica, el procedimiento se notifica a través del sistema SAGE y posteriormente se deja constancia mediante autos judiciales. Precisó que recibir notificaciones no implica continuar habilitado en el proceso. “La notificación no acredita ni faculta para seguir actuando”, afirmó, y subrayó que su esposa no presentó pruebas, no emitió alegatos ni interpuso recursos tras su retiro.
Durante una sesión del Pleno este lunes, Godoy anunció que solicitará una licencia temporal para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional, con el objetivo de preservar la institucionalidad y la transparencia. Dijo ser víctima de un “feroz ataque político y personal” y afirmó que responderá “con la verdad” ante el Legislativo.
La comparecencia fue aprobada por el Pleno de la Asamblea con 142 votos a favor y una abstención, y deberá realizarse dentro de los próximos ocho días término, plazo que se cumple hasta el 5 de enero de 2026. La convocatoria surge tras denuncias del juez Carlos Serrano sobre amenazas y presiones en el ejercicio de sus funciones.
Al respecto, Godoy anticipó que acudirá con “información contundente” a su comparecencia. “Es un asunto político… ese día se va a sacudir un poco el avispero”, afirmó, al calificar de “infamias” los señalamientos en su contra y reiterar que este caso responde a intereses políticos y no a presuntas presiones judiciales.
Este lunes se difundió, un audio en el que se escucharía a Gaibor sugerir al juez Serrano prestar mayor atención a la defensa en el caso Euro 2024, proceso en el que está implicado el serbio Jezdimir Srdan, señalado por la Fiscalía como presunto líder de una red de lavado de activos y narcotráfico.
En este contexto, el Consejo de la Judicatura remitió a la Fiscalía una noticia criminis para que se investiguen posibles hechos de relevancia penal; el Ministerio Público informó que abrió una investigación previa por presunto tráfico de influencias. De forma paralela, se solicitó al Ministerio del Interior un análisis de riesgo para el juez y su familia y se activaron procedimientos internos de transparencia.
La renuncia presentada por Serrano el 4 de diciembre permanece sin resolución. El Pleno advirtió que aceptarla podría generar incidencias procesales y eventuales nulidades en causas sensibles. Sobre la seguridad del magistrado, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el nivel de riesgo disminuyó y que, si el juez retorna al país, se le asignará una cápsula temporal de protección.
Pese a la licencia anunciada por Godoy, los vocales del Consejo de la Judicatura informaron que el Pleno continuará operando con normalidad para evitar la prescripción de trámites disciplinarios y garantizar la continuidad institucional, reafirmando su compromiso con la transparencia, la ética y la independencia judicial.
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