La crisis de liquidez golpea con fuerza al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Por esta razón, la entidad usará sus reservas para financiar pensiones y salud.
El presupuesto aprobado para 2026 revela un desbalance financiero alarmante. Según el documento, los aportes de los afiliados sumarán apenas USD 5.533 millones este año. Sin embargo, los egresos por beneficios y administración alcanzarán los USD 11.011 millones.
Debido a esta brecha, el Seguro General Obligatorio enfrenta un reto operativo sin precedentes. Además, el presupuesto actual supera en un 6% al gasto planificado durante el 2025.
El fondo de pensiones registra el mayor déficit
El pago de jubilaciones consume el 72% de los recursos institucionales. Por consiguiente, este rubro representa la mayor presión financiera para la seguridad social ecuatoriana.
En 2026, el IESS gastará USD 7.552 millones en pensiones. No obstante, recibirá solamente USD 3.437 millones por aportes directos de los trabajadores activos. Esta diferencia genera un faltante superior a los USD 4.100 millones en dicho fondo.
Asimismo, el número de beneficiarios crece de forma acelerada. La entidad proyecta recibir a 840.456 pensionistas para el próximo año. Este incremento del 7% presiona aún más la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
El aporte estatal resulta insuficiente
La ley obliga al Estado a entregar el 40% para las pensiones jubilatorias. Pese a esto, los recursos públicos asignados no cubren las necesidades reales de la institución.
El Gobierno incluyó solamente USD 3.271 millones en el Presupuesto General del Estado. En contraste, el IESS solicitó originalmente USD 4.218 millones para operar con normalidad. Ante esta carencia, el instituto retirará USD 1.407 millones de su portafolio de inversiones en el Biess.
Lamentablemente, esta desinversión reduce el “colchón” financiero que garantiza los pagos futuros. Si el Ministerio de Finanzas transfiere menos dinero, el recorte de ahorros será incluso más agresivo.
Una deuda histórica sin solución inmediata
La crisis del IESS empeoró desde 2014 por la insuficiencia de los aportes. Actualmente, la entidad reclama al Estado una deuda acumulada de USD 27.000 millones.
Por su parte, el Ministerio de Finanzas exige auditar estos montos antes de reconocerlos oficialmente. Ambos organismos deben firmar un convenio de pago a diez años, según dicta la última reforma legal.
Finalmente, las autoridades gestionarán el cobro de deudas por atenciones médicas. El objetivo principal busca aliviar la carga sobre las reservas y asegurar la atención de los afiliados.
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