El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) decidió este jueves instalar mesas de trabajo interinstitucionales para gestionar apoyo internacional que permita fortalecer las medidas de seguridad para los jueces especializados en casos de corrupción y crimen organizado.
La decisión se adoptó tras una reunión entre el Pleno del CJ y magistradas y magistrados de las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, convocada para coordinar acciones orientadas a mejorar las condiciones en las que desarrollan su labor en procesos de alta complejidad.
Durante el encuentro, el pleno ratificó que los jueces cuentan con respaldo institucional para el ejercicio de sus funciones y aseguró que, pese a las restricciones presupuestarias, la Judicatura prioriza el refuerzo de los esquemas de protección tanto para los magistrados como para sus equipos técnicos.
El anuncio se produce luego de que, el pasado 26 de diciembre, se hiciera pública una carta suscrita por diez jueces anticorrupción en la que advertían sobre precariedad laboral y falta de protección. En el documento cuestionaron los informes de riesgo elaborados para su seguridad, al considerar que no reflejan la realidad, pues concluyen que el peligro disminuye con el tiempo, cuando —según señalaron— la exposición pública de sus cargos incrementa las amenazas.
Los magistrados también denunciaron que únicamente se les asignaron dos agentes policiales sin logística ni financiamiento, lo que les obliga a asumir directamente los costos de esa protección.
La misiva fue difundida después de la renuncia del juez Carlos Serrano, quien habría denunciado presiones desde la propia Judicatura y amenazas relacionadas con un proceso por lavado de activos que involucró a un narcotraficante de nacionalidad serbia, además de su participación en el tribunal que dictó sentencia en ese caso.
Ese episodio motivó al movimiento Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición al Gobierno del presidente Daniel Noboa, a impulsar un juicio político contra el titular de la Judicatura, Mario Godoy, debido a que su esposa intervino como defensora del procesado durante la etapa de investigación previa.
En paralelo, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la seguridad de los magistrados anticorrupción y recordó que es responsabilidad del Estado garantizar la integridad personal de los funcionarios judiciales y adoptar medidas efectivas para proteger su derecho a la vida.
Como resultado de la reunión, la Judicatura acordó que las mesas interinstitucionales aborden, entre otros puntos, la obtención de apoyo internacional para implementar medidas adicionales de seguridad, la optimización de la carga laboral mediante la posible creación de nuevas instancias especializadas y la coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad para asegurar la realización de audiencias penales desde los centros de rehabilitación social y evitar diferimientos o la caducidad de la prisión preventiva.
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