El acceso a la justicia de las personas en situación de migración es un derecho.
Recordemos que «los migrantes tienen derecho a tener derechos.» Y aprovecho este aserto para proponer un debate serio, argumentado y apartado de todo sesgo, sobre la situación de miles de venezolanos que abandonaron su país y decidieron migrar. Este éxodo de hombres, mujeres, niñas y niños, familias enteras de venezolanos es una realidad y una problemática social, que desde encontrar una solución desde el derecho y la normativa jurídica. De hecho, cabe recordar que nuestra Constitución es garantista, y hay estándares internacionales de obligatorio cumplimiento, en ese sentido.
¿Cuál es hoy la realidad? Del total de extranjeros que ha ingresado al Ecuador, cerca del 77 por ciento es venezolano. Y de ese número, más del 15 por ciento está en condición irregular en el país.
Estas cifras han complicado el panorama migratorio del país, pues muchos venezolanos no pueden trabajar, no tienen un techo dónde vivir ni condiciones dignas, lo cual se ha agravado con la pandemia. Y esto, además, ha desatado voces xenófobas desde ciertos sectores de nuestra sociedad, cuando en realidad no debemos entender la migración como sinónimo de delincuencia porque genera discriminación.
La justicia constitucional es la más efectiva para mejorar la realidad de personas en situaciones vulnerables. En este punto, es importante señalar los avances que nuestra Corte Constitucional ha dado, por medio de la Sentencia N° 897-11-JP-20 y Sentencia N° 335-13-JP-20, que reconocen el derecho de acceso de justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional, así como las garantías mínimas para el derecho a solicitar asilo.
De allí que las políticas públicas deben regirse al derecho, y no en prejuicios ni percepciones. Seguridad social, orden público y salud pública son garantías para migrantes, además de compromisos de la Academia, organismos internacionales y justicia para mejorar la situación de igualdad de las personas migrantes y respeto a los derechos humanos.
Para esto, es vital la voluntad política del poder de turno, que debe disponer presupuesto y crear cooperación para enfrentar la migración, y que Ecuador cumpla con condiciones básicas y necesarias para los migrantes.
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