El proyecto de instalación de radares de última generación en Manabí, para la detección de narcoavionetas, se encuentra en suspensión temporal debido a retrasos en las obras de infraestructura necesarias para su correcta implementación. El Ministerio de Defensa precisó que la pausa responde a criterios técnicos y de seguridad, y no a la cancelación del proyecto, de acuerdo con un reporte del canal Ecuavisa.
Según la explicación oficial, la suspensión se mantendrá hasta que concluyan los trabajos de obra civil indispensables para garantizar la estabilidad y operatividad de los equipos. Una vez superada esta fase, el proceso de instalación se reactivará conforme a la planificación inicial.
El comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército señaló que, tras una revisión técnica del contrato suscrito en 2023, se identificaron factores técnicos, meteorológicos y geotécnicos que inciden directamente en la viabilidad de la instalación. Entre los requisitos pendientes constan la construcción de vías de acceso estables y bases técnicas de soporte, consideradas esenciales para asegurar la integridad estructural del sistema.
De acuerdo con los informes técnicos, las condiciones climáticas y las características del terreno provocaron retrasos que impidieron completar las obras dentro de los plazos previstos, circunstancias que —según las autoridades— se enmarcan en causas de fuerza mayor ajenas a la planificación original.
En este contexto, el Ministerio de Defensa suspendió en febrero de 2025 el contrato para la compra del radar tridimensional LTR-25 de largo alcance a la empresa española Indra, por USD 24,3 millones. El equipo debía reemplazar al radar que explotó en noviembre de 2021 en Montecristi.
Las obras de acceso a los cerros Montecristi y San Isidro, infraestructura indispensable para colocar el radar de control aéreo, fueron adjudicadas en 2023 al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sin embargo, Ecuavisa detalló que, en un recorrido por la zona se evidenció que la vía existente hacia Montecristi —a unos 600 metros sobre el nivel del mar y declarada área de seguridad del Estado— sigue siendo de tercer orden, sin mejoras visibles y en condiciones similares a las registradas en 2021.
Habitantes de las comunidades Tohalla Chica y Tohalla Grande indicaron que hay presencia militar en el área, pero señalaron la ausencia de garitas de control, señalética de restricción y la presencia intermitente de maquinaria pesada.
El contrato para las obras viales, firmado en noviembre de 2024 por USD 13 millones, establecía un plazo de 390 días, que venció en 2025 y fue ampliado nuevamente hasta julio de 2026. Las autoridades reiteraron que la instalación del radar requiere de forma obligatoria la finalización previa de las obras de infraestructura, especialmente vías de acceso y plataformas técnicas, para garantizar la seguridad estructural y operativa del sistema.
El radar LTR-25, con alcance de hasta 440,5 kilómetros, fue adquirido para el control del espacio aéreo de la costa del Pacífico y zonas del interior. Actualmente, el equipo permanece embodegado en España, a la espera de que se complete la infraestructura necesaria para su recepción e instalación.
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