Tras la sentencia ejecutoriada dentro del Caso Sobornos, dos empresarios pagaron los valores correspondientes a la reparación integral. Se trata de Alberto Hidalgo de la empresa Hidalgo & Hidalgo, quien canceló los $368.000 que le correspondían; y el empresario Manuel Fontana de Fopeca S.A., que recibió sentencia en calidad de autor y pagó $778.000. Hidalgo recibió en segunda instancia una rebaja de la pena, un cambio en su calidad de participación en la que pasó de ser autor directo a cómplice del hecho y se le definió un monto de reparación menor.
Dos sentenciados
Tanto Hidalgo como Fontana entregaron al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los documentos que acreditan la transferencia al Banco Central del Ecuador en la cuenta corriente única del Ministerio de Economía y Finanzas.
Un tercer empresario condenado, Ramiro Galarza de Consermin, solicitó mediar con la Procuraduría para encontrar una alternativa para cancelar el valor que le corresponde.
Pedido de Procuraduría contra Correa
Tras la resolución de la sentencia, el expresidente Rafael Correa solicitó que no se le quite la pensión vitalicia que asciende a $4.226. Tras la ejecutoría, el Tribunal ordenó que el Ministerio de Economía y Finanzas suspenda el pago.
Sin embargo, este viernes 13 de noviembre de 2020, trascendió que la Procuraduría General del Estado pidió al Tribunal que rechace la solicitud del expresidente. En su argumento expone que «la Ley Orgánica de Servicio Público prevé una excepción para el pago de pensiones vitalicias para expresidentes y vicepresidentes de la república que hayan sido sentenciados, entre otros delitos, por cohecho. Por tanto, sírvase negar el pedido del sentenciado Rafael Correa».
Dentro de este mismo caso, 18 de los 20 condenados presentaron acciones extraordinarias de protección. Entre ellos figura el mismo expresidente Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. Por su parte, el juez Iván León ordenó que se envíe el expediente a la Corte Constitucional.
