El ministro del Interior, John Reimberg, informó este jueves que Panamá aprobó la extradición activa de Leonardo Héctor Cortázar, investigado por su presunta participación en una red de delincuencia organizada y corrupción relacionada con empresas públicas del sector eléctrico en 2021.
Según detalló el ministro, la extradición fue posible gracias a la cooperación internacional y al trabajo conjunto de la Policía Nacional del Ecuador y la Interpol.
Cortázar Arcos contaba con una boleta de difusión roja y fue detenido en Panamá el 20 de marzo de 2025. Está previsto que llegue al país en los próximos días para enfrentar a la justicia ecuatoriana.
Reimberg señaló que un equipo policial se desplazará a Panamá para cumplir los trámites correspondientes y concretar el traslado del empresario.
A través de sus redes sociales, el ministro afirmó que este proceso demuestra que “en Ecuador no hay intocables” y que las personas involucradas en actos de corrupción deberán rendir cuentas, incluso si abandonan el país.
Leonardo Cortázar es uno de los procesados en el denominado caso Encuentro, que investiga presuntas estructuras de corrupción dentro de empresas públicas estratégicas.
En este proceso también figuran Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, quien ya fue sentenciado por delincuencia organizada, y Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), actualmente detenido en Argentina con un proceso de extradición en curso.
De acuerdo con la investigación fiscal, Cortázar Arcos y Gabriel Massuh habrían actuado como operadores del empresario Rubén Cherres, asesinado en 2023. Otros implicados en el proceso son dos empresarias señaladas como presuntas beneficiarias de contratos en el sector eléctrico.
Cortázar Arcos era considerado prófugo de la justicia debido a que mantenía vigente una orden de prisión preventiva que no se había ejecutado, lo que provocó la suspensión de la etapa de juzgamiento en su contra. Con la aprobación de la extradición, el proceso penal podrá reanudarse una vez que el empresario sea puesto a órdenes de las autoridades judiciales ecuatorianas.
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