Con 148 votos afirmativos y una abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este miércoles censurar y destituir a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, por “manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones”. La decisión implica la inhabilitación para ejercer cargos en el sector público durante dos años.
La moción fue presentada por la legisladora oficialista Ana Belén Tapia, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), con base en el artículo 131 de la Constitución y el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Tras la votación, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, afirmó que “en esta censura no gana una fuerza política u otra, gana el respeto a las reglas y el procedimiento democrático”.
La resolución del Pleno será puesta en conocimiento inmediato del Ministerio de Trabajo para los fines legales correspondientes. Asimismo, se notificará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que proceda conforme a lo determinado en la ley.
Debate en el pleno y ausencia del interpelado
El juicio político se desarrolló en ausencia de Godoy, quien no acudió al Parlamento para ejercer su defensa, pese a que contaba con tres horas para hacerlo. Horas antes de la sesión, había presentado su “renuncia irrevocable” al cargo.
Durante la jornada, los interpelantes Viviana Veloz y Franklin Samaniego expusieron las acusaciones relacionadas con presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano y cuestionamientos sobre la actuación institucional en el caso de la jueza Nubia Vera.
También se dio lectura al informe de la Comisión de Fiscalización, que concluyó que Godoy incurrió en incumplimiento de funciones al no brindar protección administrativa eficiente al juez Serrano, configurando “manifiesta inoperancia”.
Hubo momentos de tensión en el pleno, incluyendo un cruce entre Veloz y Olsen respecto al momento procesal para presentar la moción de censura. Finalmente, tras el debate, la Asamblea procedió a la votación.
Contexto previo al juicio político
El proceso fue impulsado por cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), quienes acusaron a Godoy de incumplimiento de funciones y de no garantizar la independencia judicial.
Aunque el funcionario presentó su renuncia la mañana del 18 de febrero, la Asamblea confirmó que no existía notificación formal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sobre su aceptación, por lo que el juicio político continuó.
La bancada oficialista ADN ratificó su respaldo a la censura, argumentando que los propios documentos entregados por Godoy evidenciaron fallas administrativas en la protección del juez Serrano.
La única abstención en la votación fue de la legisladora Jhajaira Urresta. El resto de bancadas, incluidas ADN, RC, Pachakutik, el Partido Social Cristiano e independientes, apoyaron la destitución.
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