El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se pronunció públicamente luego de que un Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado dictara prisión preventiva en su contra dentro del denominado caso Triple A, que investiga el presunto comercio ilegal de combustibles subsidiados.
La decisión judicial fue adoptada la mañana de este domingo, 8 de marzo, tras la reinstalación de la audiencia que había sido suspendida el día anterior.
A través de un mensaje difundido en su cuenta en la red social X, Alvarez cuestionó la resolución del tribunal y aseguró que las pruebas presentadas en el proceso no justifican la medida.
Alcalde sostiene que no existen fundamentos para la medida
En su pronunciamiento, el alcalde afirmó que la decisión implica que continuará privado de libertad, pese a que, según su criterio, no existen fundamentos reales para mantener la prisión preventiva.
“Hoy, en la audiencia de apelación, se ha decidido dictar prisión preventiva en mi contra. Esto significa que seguiré privado de libertad, pese a que las pruebas presentadas demuestran que no existe fundamento real para sostener esta medida”, señaló.
Alvarez también cuestionó las interpretaciones sobre las alertas registradas por el sistema de monitoreo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
El alcalde sostuvo que durante el proceso se ha intentado construir una narrativa basada en miles de alertas del sistema de vigilancia electrónica.
Según su versión, esas notificaciones estarían justificadas y no corresponderían a intentos de evasión. “Durante semanas se ha intentado construir una narrativa absurda sobre supuestos intentos de fuga basados en más de cinco mil alertas del sistema del SNAI. Pero lo que deliberadamente se omite es que todas esas alertas están plenamente justificadas”, expresó.
Asimismo, planteó cuestionamientos sobre la interpretación de esos registros. “La pregunta es evidente: ¿cómo puede alguien pretender escapar cinco mil veces? Más aún cuando fue la propia autoridad la que retiró el grillete electrónico antes de mi traslado a Latacunga”, afirmó.
Críticas a la actuación de la justicia
En su mensaje, el alcalde también expresó críticas al sistema judicial, al señalar que la resolución refleja una forma preocupante de actuar de la justicia.
“Este tipo de resoluciones lamentablemente reflejan una forma preocupante de operar de la justicia: con discrecionalidad, con rapidez cuando se trata de perseguir, y con una preocupante ligereza frente a los hechos”, manifestó.
El funcionario añadió que continuará enfrentando el proceso judicial. “Seguiremos enfrentando este proceso con firmeza y con la convicción de que la verdad terminará imponiéndose”.
Tribunal revocó el uso de grillete electrónico
El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, resolvió revocar las medidas alternativas que permitían al alcalde cumplir vigilancia mediante grillete electrónico.
Por unanimidad, los magistrados acogieron el pedido de la fiscal Ruth Amoroso, quien argumentó que los informes técnicos y evidencias presentadas demostraban un incumplimiento de las condiciones impuestas.
Los jueces concluyeron que mantener la medida anterior representaría una “ineficacia material” y un “absurdo jurídico”, por lo que ordenaron la emisión de la boleta de encarcelamiento.
Investigación por presunto comercio ilegal de combustibles
El caso Triple A investiga a 16 personas y seis empresas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de petróleo en gran escala.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó reportes del sistema de monitoreo que registraron 2.769 alertas o eventos irregulares durante el periodo en que Alvarez utilizó el grillete electrónico.
Según los informes técnicos:
- El dispositivo habría sido retirado completamente en 33 ocasiones.
- Se registraron más de 1.000 interrupciones de señal.
Para la Fiscalía, estos registros evidenciarían un incumplimiento de las medidas cautelares. Alvarez permanece actualmente en la cárcel de Cotopaxi, donde cumple otra orden de prisión preventiva relacionada con el caso Goleada, que investiga presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.
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