El Ejecutivo envió a la Asamblea su noveno proyecto de ley económica urgente. La propuesta busca dinamizar el sector de la construcción mediante rebajas en el Impuesto a la Renta.
El presidente Daniel Noboa remitió este lunes un nuevo proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional. El documento se enfoca en otorgar beneficios fiscales para la edificación de viviendas de interés social. Esta iniciativa surge apenas dos semanas después de las reformas aprobadas en minería y energía.
Estructura y plazos de la propuesta legal
La normativa consta de cuatro artículos, tres disposiciones generales y una transitoria. El texto especifica que los incentivos aplicarán exclusivamente para el ejercicio fiscal del año 2026. Al ser de carácter urgente, el Legislativo dispone de 30 días para aprobar, modificar o negar el proyecto.
Actualmente, las leyes previas aprobadas por el Pleno enfrentan casi 20 demandas ante la Corte Constitucional. Entre estas destacan la reciente ley minera y la denominada Ley de los GAD. No obstante, el Gobierno prioriza esta nueva herramienta para enfrentar la crisis habitacional del país.
Alcance de los beneficios tributarios
La propuesta modifica la Ley de Régimen Tributario Interno para personas naturales y jurídicas. Noboa plantea una rebaja del 100 % del valor donado en viviendas de interés social. El beneficiario debe entregar la propiedad al ente rector de hábitat y vivienda del Estado.
El incentivo tiene un límite máximo del 30 % del impuesto causado en el ejercicio fiscal. La normativa aclara que este beneficio no otorga derecho a devoluciones de dinero. Para calcular la rebaja, las autoridades considerarán únicamente el avalúo catastral de la vivienda construida y donada.
Impacto en el sector de la construcción
Ecuador registra un déficit habitacional que supera las 700.000 viviendas, según datos del INEC. El Ejecutivo sostiene que la reforma atraerá inversión privada para ampliar la oferta de soluciones habitacionales. Además, el proyecto destaca el efecto multiplicador de la construcción en el empleo y el comercio.
Finalmente, el Gobierno asegura que el incentivo garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. La medida establece límites al gasto tributario y será evaluada de forma periódica por las autoridades. El proyecto busca fortalecer la producción de materiales, el transporte y los servicios profesionales vinculados al área inmobiliaria.




