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¿Cuándo vale la palabra de un delincuente o convicto? | Opinión

¿Cuándo vale la palabra de un delincuente o convicto? | Opinión

Por: Héctor Calderón

¿Qué debería pasar tras la entrevista publicada del Negro Willy en España? Si viviésemos en un estado de derecho y democrático, la publicación de El Mundo, al menos, debería generar una respuesta de Carondelet y ADN; y, mínimo, el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía. Pero no, no vivimos en un Estado democrático en el que prime la equidad frente a la ley.

La entrevista del conocido “Negro Willy” deja varios temas a analizar. El primero y punto de partida, su veracidad. ¿Qué tan creíble puede ser el discurso de un prófugo de la justicia, acusado de varios crímenes? Sin pruebas, nada creíble. En el Ecuador se ha dado micrófono a todo tipo de delincuente y, dependiendo, de a quien nombra se le da espacio en los titulares de los medios y en las investigaciones de la Fiscalía y las entidades de control.

Tal como lo dijimos cuando alias Pipo vinculó al presidente con el asesinato de Fernando Villavicencio; si en la entrevista de Willy, el nombrado era Correa la noticia estaría en la primera plana de los medios y viralizada en redes sociales por quienes hoy desacreditan a El Mundo, dígase los Vera, Hinostroza y todo el combo.

No hay que olvidar que la suspensión de la Revolución Ciudadana se da a partir de un testimonio de Santiago Díaz, convicto por violación y a quien sí le tenemos que creer. Luego de que Díaz habló, la Fiscalía y el Tribunal Contencioso Electoral actuaron sin dudar un segundo; entonces, ahora nos preguntamos ¿por qué no investigar si ADN recibió o no recurso del narcotráfico en la campaña? ¿Por qué no investigar si el gobierno de Noboa pactó con alias Fito? ¿Por qué no investigar las razones por las que el gobierno de Ecuador dilató el proceso de extradición del Negro Willy? Y, ¿por qué mientras las investigaciones avanzan no se suspende también a ADN?

Las razones son obvias. Aquí no va a pasar nada. Ni el gobierno dará respuestas, ni Noboa se pronunciará y tampoco la Fiscalía y el TCE. No vivimos en un Estado de derecho y democrático, vivimos en un Estado en el priman la persecución y el autoritarismo.

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