Un informe del New York Times y testimonios locales contradicen la versión oficial de Ecuador y Estados Unidos. Habitantes de la comunidad de San Martín denuncian la destrucción de una finca productiva y abusos contra trabajadores.
Versiones enfrentadas sobre el objetivo destruido
Una operación militar presentada a inicios de marzo como un golpe estratégico al narcotráfico está bajo escrutinio internacional. Autoridades de ambos países difundieron el bombardeo a un supuesto centro de entrenamiento de grupos armados en la Amazonía.
Sin embargo, una investigación periodística y relatos desde el territorio aseguran que el predio era una granja lechera. El propietario de la finca, de 32 años, afirma que el lugar se dedicaba exclusivamente a la ganadería y producción de queso.
Denuncias de tortura y ataques aéreos
Testigos en la comunidad de San Martín describen una intervención violenta iniciada el pasado 3 de marzo. Militares ecuatorianos habrían ingresado en helicópteros para someter a los empleados de la finca a interrogatorios con descargas eléctricas y asfixia.
Tras las agresiones, los uniformados presuntamente rociaron las instalaciones con gasolina para incendiarlas. Tres días después, el 6 de marzo, aeronaves regresaron para lanzar explosivos sobre los restos calcinados, momento que fue grabado y difundido como evidencia del ataque.
Incertidumbre sobre la participación de Estados Unidos
El rol de las fuerzas estadounidenses en este episodio genera confusión tras las primeras declaraciones del Pentágono. Aunque inicialmente sugirieron acciones selectivas, versiones posteriores indican que su apoyo se limitó a tareas de inteligencia y logística.
Por su parte, el Ejército ecuatoriano sostiene que el inmueble servía como punto de descanso y ocultamiento de armas para organizaciones criminales. Los habitantes de esta zona fronteriza rechazan tajantemente esta acusación y exigen la verificación de la inteligencia militar.
Implicaciones en Derechos Humanos
Organizaciones sociales ya presentaron denuncias ante instancias nacionales e internacionales por posibles violaciones contra la población civil. El caso abre un debate sobre los protocolos de intervención y el uso de operaciones mediáticas en la crisis de seguridad.
Los líderes comunitarios de Sucumbíos manifiestan que viven bajo la presión de grupos ilegales y la sospecha constante de la fuerza pública. Actualmente, la comunidad de San Martín intenta reconstruirse entre los escombros mientras demanda transparencia absoluta sobre lo ocurrido.
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