Hugo Arteaga dejó su cargo denunciando falta de garantías y silencio administrativo del Cpccs. La dimisión masiva de directivos obliga a una reorganización urgente del control ciudadano.

Desmantelamiento de la cúpula de vigilancia

Hugo Arteaga renunció a la coordinación de la Veeduría Ciudadana que vigila la selección del Fiscal General del Estado. Otros directivos clave acompañaron esta decisión.

A la salida de Arteaga se sumaron la subcoordinadora, Rocío Espinosa, y el secretario, Julio Aguilar Moreno. Estas bajas provocan una reestructuración interna profunda.

El grupo, compuesto por 324 integrantes, deberá designar nuevas autoridades de forma autónoma. Arteaga habilitó canales de comunicación para facilitar esta transición inmediata.

Denuncias de falta de garantías y bloqueos

El excoordinador justificó su salida por la imposibilidad de realizar un control eficiente. Señaló que enviaron más de 30 oficios al Cpccs sin recibir respuesta.

Arteaga calificó el entorno institucional como un “ambiente enrarecido”. Criticó que el Consejo ignore sentencias judiciales, lo que genera desconfianza sobre la transparencia del proceso.

Además, el exdirectivo denunció graves limitaciones operativas en la vigilancia técnica. El organismo les negó el apoyo de expertos informáticos para la fase de méritos.

Problemas internos y falta de informes

La gestión colectiva también enfrentó obstáculos internos. Arteaga observó que los nuevos veedores no entregan los informes necesarios para consolidar los reportes de control.

Anteriormente, los ciudadanos debieron protestar para acceder a la documentación del concurso. Aunque la Comisión de Selección mejoró su actitud, las dudas sobre la autonomía persisten.

El proceso continúa bajo tensión

Pese a las dimisiones, el proceso de selección del Fiscal General no se detendrá. Los veedores restantes mantendrán la vigilancia bajo las condiciones actuales.

Arteaga formalizó su salida ante la Secretaría Técnica del Cpccs. Su renuncia marca un punto crítico en un concurso asediado por tensiones políticas e institucionales.