La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) desmintió categóricamente las versiones sobre una supuesta inestabilidad en el sistema cooperativo ecuatoriano y anunció que tomará medidas legales contra quienes difundan información falsa. Ante lo que calificó como narrativas desestabilizadoras, el organismo ratificó que el sector es sólido y advirtió que el pánico financiero es un delito penado por la ley.
Mediante un comunicado oficial, la SEPS informó que el Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS) se mantiene como un pilar robusto de la economía nacional. Para sustentar esta posición, la entidad reveló que el sector registra actualmente USD 32.675 millones en activos, consolidando una estructura financiera sostenible y respaldada por indicadores técnicos de salud superiores a los requeridos legalmente.
Solidez técnica frente a rumores
De acuerdo con el organismo de control, el sistema cuenta con un índice de solvencia del 16,32 % y una liquidez del 38,16 %. Estas cifras, según la SEPS, garantizan la operatividad de las instituciones y demuestran que el sector está lejos de una crisis sistémica.
Respecto a los procesos de liquidación de entidades registrados recientemente, la Superintendencia aclaró que responden a “casos particulares y específicos” derivados de malas administraciones y gobernanzas internas. El cierre de dichas entidades se ejecutó tras agotar los Programas de Supervisión Intensiva (PSI) y con el objetivo primordial de precautelar los ahorros de los socios.
Advertencia penal por pánico financiero
La SEPS fue enfática al señalar que no tolerará intentos de desestabilización que pongan en riesgo el patrimonio de más de 7,5 millones de socios y clientes. Por ello, anunció que pondrá en conocimiento de las autoridades competentes cualquier afirmación malintencionada que busque generar caos.
La institución recordó que estas conductas podrían incurrir en el delito de Pánico Financiero, tipificado en el Artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“Actuaremos con absoluta firmeza”, sentenció el organismo, reafirmando su compromiso de vigilar y proteger la integridad de las cooperativas y mutualistas, asegurando que cada proceso de control se ejecuta bajo estrictos parámetros técnicos para defender la economía de las familias ecuatorianas.
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