Por: Felipe Pesantez, Consultor de Politica Sur Analytica
Hay una imagen que recorre los titulares del mundo y que debería incomodarnos profundamente: la de millones de ciudadanos estadounidenses marchando bajo la consigna “No Kings”. El movimiento, surgido en junio de 2025, congregó a más de ocho millones de personas en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos, decididas a resistir lo que describen como “la tiranía”, en una reacción directa frente a una administración Trump que ha enviado agentes enmascarados a las calles, perseguido familias inmigrantes sin orden judicial, amenazado con intervenir en los procesos electorales, desmantelado servicios de salud y educación, y repartido generosas dádivas a sus aliados multimillonarios mientras las familias comunes luchan por subsistir.
Si el país que se ostenta de ser el emblema del mundo libre ha tenido que salir a las calles para recordarle a su presidente que no es un monarca, cabe preguntarse con toda seriedad: ¿qué estamos esperando los ecuatorianos?.
Trump, Milei y Noboa conforman una élite de mandatarios que, habiendo llegado al poder por la voluntad popular, parecen haber olvidado —o decidido ignorar— que el voto ciudadano es un mandato de servicio, no una coronación. Milei prometió combatir a “la casta” y terminó fundando la suya propia, con ropaje libertario. Trump prometió hacer grande a América, confundiendo en su visión geopolítica al continente entero con su propio patio trasero. Noboa, por su parte, prometió no repetir los vicios autoritarios del socialismo del siglo XXI, pero una amnesia conveniente y selectiva lo ha llevado por caminos sospechosamente similares a aquellos que dijo repudiar.
La gestión del presidente ecuatoriano acumula una serie de señales que merecen análisis sereno y escrutinio riguroso. En el ámbito de la transparencia, el caso “PetroNoboa” vincula a su hermano con una presunta red de contrabando de combustible subsidiado. El caso Progen implica el pago de 149 millones de dólares del erario por generadores usados, adquiridos en plena emergencia energética. Empresas de la familia han sido señaladas por hallazgos de sustancias sujetas a fiscalización en contenedores de Noboa Trading Co. A esto se suman contratos de alimentación para cárceles y escuelas adjudicados a empresas con vínculos familiares, concesiones mineras otorgadas a compañías relacionadas con su entorno cercano, y la condenación de una deuda millonaria de empresas del grupo Noboa con el Servicio de Rentas Internas. Son indicios que, en conjunto, dibujan un patrón que ningún gobierno transparente debería tolerar sin dar explicaciones claras y documentadas.
En el terreno de las libertades, la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal — impulsada por la bancada oficialista ADN— que busca sancionar con cárcel a quienes “difamen” o “intimiden” a través de redes sociales, suena menos a protección ciudadana y más a blindaje institucional frente al cuestionamiento legítimo.
La persecución documentada al periodista Andrés Durán, quien investigó el caso de Noboa Trading Co. y denunció haber sido víctima de amenazas por parte de servicios de inteligencia del Estado, no es un episodio aislado: es una señal. Tampoco lo es el uso de la fuerza pública en la zona de Palo Quemado (Cotopaxi) para favorecer intereses mineros, ni el recurso a granjas de bots para fabricar una percepción artificial de apoyo masivo. El poder que necesita simular su legitimidad, en el fondo, sospecha que no la tiene.
Entretanto, el impago de deudas con centros de diálisis y de enfermedades catastróficas contrasta con el gasto millonario en publicidad gubernamental y consultas populares diseñadas a la medida. Y la autorización de presencia de tropas estadounidenses en el país, pese a la prohibición constitucional expresa y al rechazo explícito que la ciudadanía manifestó en la última Consulta Popular, no hace sino reforzar la imagen de un gobierno que, cuando le conviene, lee la Constitución con lupa, y cuando no, la dobla con displicencia.
El estilo de la narrativa oficial tampoco ayuda. La polarización correísmo-anticorreísmo, convertida en herramienta de gobierno, ha instalado una lógica perversa. Quien cuestiona al presidente queda automáticamente etiquetado como aliado del crimen organizado o militante de la oposición. Es una trampa retórica que cierra el debate antes de abrirlo, y que sirve para neutralizar la crítica sin necesidad de refutarla. El altercado diplomático con la embajada de México y los conflictos públicos con el presidente colombiano Gustavo Petro —a quien Noboa acusó sin pruebas presentadas de proteger a delincuentes ecuatorianos— hablan también de una diplomacia que oscila entre la impulsividad y el cálculo electoral.
En Ecuador no existen coronas, tronos ni reyes.
La Constitución del Ecuador es clara: el poder emana del pueblo y a él retorna. No existe trono que heredar, no existe corona que portar, no existe cetro que justifique gobernar por encima de la ley, del escrutinio ciudadano o de la separación de poderes. Que ocho millones de norteamericanos hayan tenido que recordárselo a su presidente debería resonar en este lado del continente no como una anécdota lejana, sino como una advertencia cercana.
Ecuador necesita gobernantes que rindan cuentas, no monarcas que repartan favores. Necesita instituciones que funcionen, no estructuras capturadas por el entorno del poder. Necesita ciudadanos que pregunten, debatan y exijan, sin miedo a ser catalogados como enemigos del orden. La democracia no es un regalo que se otorga cada cuatro años en las urnas, es una práctica cotidiana que se defiende con información, con voz y con la firmeza de quienes saben que ningún presidente, por más popular que sea, está por encima de la República.
Aquí no hay reyes. Y si alguien lo olvida, es tarea de la ciudadanía recordárselo tal como ocurrió con Luis XVI (último monarca de Francia) quién terminó en la guillotina.
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