El Ministerio de Educación no negó que el video sea real, pero aclaró que la rectora de una escuela en Guayaquil actuó engañada por un correo falso. Otros rectores recibieron la misma instrucción.
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura catalogó como un total engaño la instrucción que forzó a varios estudiantes a recitar un juramento de lealtad al presidente Daniel Noboa.
La entidad aclaró que los rectores de los planteles de Quito y Guayaquil grabaron las polémicas imágenes tras recibir una orden fraudulenta.
La maniobra buscaba posicionar consignas a favor del presidente Daniel Noboa y del empresario estadounidense Erik Prince dentro de los centros escolares.
Una cuenta externa burló la seguridad
La ministra de Educación, Gilda Alcívar, detalló que las órdenes salieron este 16 de junio de 2026 desde una cuenta de la plataforma Gmail.
Este canal externo usurpó las identidades de la Dirección de Formación Continua y del Viceministerio de Gestión Educativa para, supuestamente, consumar el engaño.
Debido a esta manipulación digital, al menos una directora de un plantel educativo, en Guayaquil, acató el requerimiento creyendo que cumplían una disposición oficial del Estado.
Preguntas urgentes sin respuesta oficial
Aunque las autoridades confirmaron la falsedad de la orden, el caso deja serias dudas en el aire sobre la vulnerabilidad del sistema educativo.
Hasta el momento, la cartera de Estado no determina cuántos rectores y directores a nivel nacional recibieron la directriz fraudulenta en sus bandejas. Además, cuantas la cumplieron.
Tampoco se conoce el número exacto de instituciones que cumplieron la disposición ni si existieron instrucciones previas enviadas desde esa misma cuenta.
Denuncia penal e investigación informática
Los registros audiovisuales muestran a grupos de alumnos repitiendo frases que vinculan al jefe de Estado con la firma internacional de seguridad Blackwater.
Ante la gravedad del suceso, la ministra Alcívar descartó cualquier aval del Gobierno y formalizó una denuncia para iniciar las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía General del Estado deberá determinar el rastreo de la dirección IP de origen para identificar dónde se creó la cuenta fraudulenta.




