El primer mandatario presentó su contestación oficial y solicitó desechar la iniciativa ciudadana por falta de sustento técnico. La defensa argumenta que la queja usa datos ajenos a su periodo.
El presidente de la República, Daniel Noboa, contestó oficialmente este miércoles 24 de junio de 2026 al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El jefe de Estado solicitó formalmente que la institución declare inadmisible el trámite de revocatoria de mandato impulsado en su contra. La defensa del Ejecutivo sostiene que la iniciativa ciudadana carece de bases legales y viola la Ley de Participación Ciudadana.
Despliegue de descargos y argumentos jurídicos
El secretario general jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, acudió personalmente al CNE para consignar la postura oficial de Carondelet.
El funcionario presentó un masivo contingente de 22 cajas que contienen exactamente 14.532 folios de pruebas documentales.
Estos informes, entregados por los diversos ministerios, certifican el cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan de Gobierno.
Según la Secretaría Jurídica, los proponentes no identificaron de forma clara ni precisa qué compromisos específicos incumplió el mandatario.
Por el contrario, la contestación señala que la solicitud se sostiene apenas en indicadores genéricos y recortes de prensa escrita.
Asimismo, los descargos advierten que el pedido incluye referencias temporales que ni siquiera corresponden al periodo presidencial de 2025-2029.
Noboa apunta a la reelección y el CNE evalúa
Por su parte, Daniel Noboa minimizó el impacto de la recolección de firmas durante un evento público oficial.
El gobernante ecuatoriano aseguró que el oficialismo no gasta tiempo en revocatorias porque la planificación del Gobierno apunta hacia la reelección.
Actualmente, el pleno del CNE, bajo la conducción de José Cabrera, analiza las pruebas recopiladas en los miles de folios.
Por lo tanto, las autoridades de la función electoral resolverán en los próximos días si dan paso o archivan el proceso.
Si el CNE califica la solicitud, los colectivos opositores deberán recolectar más de dos millones de firmas en un plazo de 180 días.
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