La precandidata oficialista a la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas recibe cuestionamientos por presunta instrumentalización de jóvenes con fines electorales.

La asambleísta Yadira Bayas enfrenta duros cuestionamientos públicos debido a la reciente difusión de un material audiovisual grabado en un entorno escolar.

La legisladora por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) busca actualmente la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Varios sectores políticos interpretan el metraje como una estrategia proselitista anticipada para los comicios seccionales programados para este año 2026.

Detalles de la grabación con estudiantes

El video registra a la legisladora mientras estiba bloques de construcción que un camión descargaba en el sitio.

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Varios estudiantes del centro educativo forman una fila junto a Bayas para colaborar en las tareas de descarga física.

Posteriormente, la funcionaria posa para varias fotografías con los jóvenes y les dirige un discurso motivacional enfocado en el éxito personal.

La pieza audiovisual de 45 segundos termina con consignas de apoyo a la institución y elogios explícitos hacia la gestión de la asambleísta.

El antecedente de las cocinas de inducción

Este escenario reactiva los cuestionamientos éticos que la legisladora de ADN enfrentó durante la campaña electoral del año pasado, en 2025.

En esa ocasión, las autoridades electorales la acusaron de utilizar bienes del Estado para captar la simpatía de los votantes locales.

La denuncia señalaba la distribución de cocinas de inducción del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) guardadas desde el gobierno de Rafael Correa.

Bayas repartió estos electrodomésticos en eventos masivos donde exhibió colores partidistas antes del arranque oficial del periodo de campaña.

Denuncias archivadas en el Tribunal Contencioso Electoral

Diana Atamaint, entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a Sociedad Patriótica, exigieron sanciones severas contra la actual legisladora.

El organismo del sufragio solicitó una multa económica, la destitución del cargo y la suspensión de sus derechos políticos por dos años.

A pesar de las solicitudes, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó definitivamente la causa en julio de 2025.

La jueza Ivonne Coloma dictaminó que la carga probatoria resultaba insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de la funcionaria.

La defensa técnica de Bayas aprovechó que los videos provenían de plataformas de terceros, pues la implicada borró el material de sus redes.

Asimismo, la perito judicial asignada para certificar la validez técnica de los videos faltó a la audiencia fundamental, debilitando la acusación.