La justicia concluyó que el exfuncionario registró un incremento patrimonial injustificado de más de USD 312.000. También perdió sus derechos políticos y no podrá ejercer cargos públicos durante la condena.
El exalcalde del cantón Taisha, Cergio Ayuy Ch., fue sentenciado a siete años de prisión tras ser declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, informó la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
La sentencia, notificada el viernes 3 de julio de 2026, también dispone la pérdida de sus derechos políticos, la interdicción mientras dure la condena y una multa de 6.800 dólares, equivalente a 20 salarios básicos unificados vigentes en 2014.
Además, el exfuncionario no podrá participar como candidato en procesos de elección popular, ejercer cargos públicos ni contratar con el Estado durante el tiempo establecido por la condena.
Fiscalía detectó un incremento patrimonial de más de USD 312.000
La investigación se inició a partir de un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado.
Según la Fiscalía, al asumir la Alcaldía de Taisha, el 14 de mayo de 2014, Cergio Ayuy Ch. declaró un patrimonio de 18.900 dólares. Sin embargo, no presentó las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2016 y al final de su gestión en 2019.
Las investigaciones determinaron que durante su administración recibió depósitos adicionales a sus ingresos como alcalde, adquirió un vehículo y un inmueble, además de cancelar varias obligaciones económicas.
Con base en esos elementos, la Fiscalía concluyó que el exalcalde registró un incremento patrimonial injustificado de 312.958,46 dólares.
Contraloría, UAFE y SRI sustentaron la acusación
Durante el juicio, la Fiscalía presentó los testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) y especialistas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
También incorporó pericias contables y financieras, roles de pago, declaraciones patrimoniales, certificaciones de bienes muebles e inmuebles y otros documentos que sustentaron la acusación por enriquecimiento ilícito.
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