El Hospital de Azogues destinó USD 124.264 a hemodiálisis, mientras una deuda de USD 400 millones amenaza a 20.000 pacientes en Ecuador.

El Ministerio de Salud Pública destinó USD 124.264 para sustituir la planta de agua e insumos en el Hospital Homero Castanier de Azogues.

La asignación busca garantizar la atención de 4.037 pacientes renales dentro de la red pública en la provincia del Cañar.

Sin embargo, el monto invertido resulta marginal frente al riesgo vital que enfrentan miles de usuarios por la mora estatal.

Deuda millonaria asfixia al sector privado

El Estado acumula una deuda de aproximadamente USD 400 millones con los centros dializadores privados por obligaciones pendientes del Ministerio y del IESS.

Las clínicas privadas atienden al 88 % de los cerca de 20.000 ciudadanos con insuficiencia renal crónica que viven en el país.

Cada tratamiento mensual cuesta alrededor de USD 1.500 por usuario, monto que las prestadoras asumen sin recibir reembolsos oportunos del Gobierno.

Aunque el presupuesto sanitario supera los USD 5.000 millones, los fondos se destinan al gasto corriente y no saldan la deuda acumulada.

Reemplazo de equipos en la casa de salud

En el hospital de Azogues, la administración destinó USD 115.764 para comprar dializadores, concentrados ácidos, bicarbonato, líneas arteriovenosas y desinfectantes.

Asimismo, la institución colocó USD 8.500 para renovar la planta de ósmosis inversa tras 15 años ininterrumpidos de funcionamiento.

El nuevo sistema automático genera 2.400 galones diarios de agua tratada, elemento indispensable para el filtrado sanguíneo de los enfermos.

La dependencia sumó además seis máquinas distribuidas en la unidad principal, Cuidados Intensivos y la sala de Medicina Interna.

Una crisis que no admite pausas

El coordinador del servicio, Max Illescas, señaló que los dializadores estabilizan la presión arterial y regulan electrolitos en casos críticos.

Entre enero y junio de 2026, la unidad ejecutó 1.788 sesiones de tratamiento de lunes a sábado en jornadas continuas.

Pese a esta gestión puntual, la mora del Gobierno mantiene a miles de familias ecuatorianas en constante incertidumbre.

Para un paciente con insuficiencia renal, suspender una sola sesión de diálisis incrementa directamente el riesgo de muerte.