Los abogados del alcalde de Guayaquil sostuvieron que la Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia durante el juicio. El Tribunal entró en etapa de deliberación tras concluir los alegatos finales.
La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que la Fiscalía General del Estado no ha logrado demostrar la responsabilidad penal de su cliente en el juicio del caso Triple A, en el que es procesado por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles.
Las declaraciones se produjeron luego de que concluyeran los alegatos finales y el Tribunal ingresara a la etapa de deliberación para emitir una sentencia de primera instancia en una fecha que será fijada posteriormente.
El abogado David Antonio Norero Calvo afirmó que la Fiscalía concluyó el juicio sin ejercer su derecho a réplica. “La Fiscalía terminó el juicio sin ejercer su derecho de réplica. No interrogó a Aquiles Álvarez cuando tuvo la oportunidad. No logró desvirtuar la presunción de inocencia ni sembrar certeza frente a la duda razonable. Y cuando llegó el momento de responder a la defensa, eligió guardar silencio”, escribió en la red social X.
Por su parte, el abogado Ramiro García sostuvo que durante el proceso el Ministerio Público no presentó pruebas que vincularan directamente a Alvarez con las conductas investigadas.
“La Fiscalía tenía la carga de demostrar que el señor Aquiles Álvarez almacenó, transportó, envasó, comercializó o distribuyó ilícitamente derivados de hidrocarburos sin autorización o que impartió órdenes concretas para que esas conductas fueran ejecutadas por terceros. Sin embargo, durante todo el juicio no presentó una sola prueba que permitiera llegar a esa conclusión”, manifestó.
El jurista añadió que, según la defensa, ningún testigo ni perito atribuyó una actuación personal al alcalde y recordó que uno de los expertos señaló que el caso debía resolverse en la jurisdicción contencioso-administrativa y no en la vía penal.
Fiscalía pidió la pena máxima
Durante los alegatos finales, la fiscal Ruth Amoroso solicitó que Aquiles Alvarez y otros seis procesados sean condenados como autores directos del delito de comercialización ilegal de combustibles.
El Ministerio Público pidió aplicar la pena máxima prevista en el Código Orgánico Integral Penal, incrementada por circunstancias agravantes, lo que elevaría la condena a aproximadamente seis años y ocho meses de prisión.
Además, solicitó la clausura definitiva de seis empresas procesadas, entre ellas Copedesa S. A., así como el pago solidario de USD 61,5 millones por concepto de reparación integral al Estado.
Según la Fiscalía, la estructura investigada habría desviado más de 22 millones de galones de diésel subsidiado entre 2020 y 2024 mediante un esquema denominado “cambiazo”, ocasionando un perjuicio económico superior a USD 61 millones.
Concluidos los alegatos de la Fiscalía, los acusadores particulares y las defensas, el Tribunal de Garantías Penales cerró la etapa de juicio y entró en fase de deliberación. La sentencia de primera instancia será emitida en una fecha que será anunciada por el Tribunal.
¿Qué sostiene la Fiscalía en el caso Triple A?
La Fiscalía General del Estado sostiene que entre 2020 y 2024 operó una presunta red dedicada a la comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos a gran escala, delito tipificado en el artículo 265, en concordancia con el literal d del artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Según el Ministerio Público, el esquema habría provocado un perjuicio económico al Estado de USD 61,5 millones, mediante el presunto desvío de combustible subsidiado entre los segmentos automotriz, industrial y naviero.
Para sustentar su teoría del caso, la Fiscalía presentó 21 testigos, cuatro peritos y 110 pruebas documentales, además de desarrollar 12 premisas sobre el funcionamiento de la supuesta estructura.
Entre los principales hallazgos expuestos durante los alegatos finales constan:
- Copedesa habría obtenido autorizaciones presuntamente irregulares y suscrito contratos con estaciones de servicio fronterizas.
- La estación Zambrano habría registrado ventas superiores al combustible recibido, uso reiterado de placas, ventas sin identificación de vehículos y despachos que excedían la capacidad de almacenamiento.
- La estación Espíndola habría presentado diferencias entre despachos y ventas, uso irregular de placas y operaciones incompatibles con el tipo de vehículo.
- La estación Araujo habría comercializado combustible con una distribuidora distinta de la autorizada y presentado inconsistencias en sus ventas.
- La estación La Chilca habría vendido más combustible del autorizado y operado sin los permisos correspondientes.
- El Centro de Depósito Industrial Zambrano habría comercializado más diésel del despachado por Petroecuador sin justificar su origen.
- El Centro de Depósito Industrial Buenavista habría registrado ventas superiores a sus compras y comercializado combustible fuera de las autorizaciones otorgadas.
- Fuelcorp habría realizado operaciones entre segmentos no autorizados.
- Corpalubri habría obtenido una autorización presuntamente irregular y registrado diferencias millonarias entre compras y ventas.
- Corpalubri e Indudiesel presuntamente desviaron combustible subsidiado mediante operaciones irregulares.
- Ternape Petroleum habría comercializado combustible fuera de los segmentos autorizados, abastecido embarcaciones internacionales con diésel subsidiado y realizado operaciones con empresas no habilitadas.
- La Fiscalía sostiene que representantes legales, propietarios y contadores conocían el funcionamiento de la presunta estructura y permitieron el desvío de combustible.
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