La presunta red transnacional operaba desde un call center en la capital. Según las investigaciones, desde el lugar se realizaban amenazas y cobros a deudores de préstamos virtuales en cuatro países.
Un juez de Pichincha dictó prisión preventiva contra 10 personas investigadas por una presunta red transnacional de extorsión, que operaba desde un call center ubicado en el centro norte de Quito.
La decisión se adoptó durante la audiencia de formulación de cargos realizada la tarde del sábado 22 de agosto. La Fiscalía procesó a los sospechosos por el presunto delito de asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión. La audiencia de juicio directo quedó programada para el 14 de septiembre de 2026, a las 13:30, informó la Fiscalía.
Red operaba desde un call center en Quito
La Policía intervino las oficinas de la empresa Latameris Support S.A.S. el viernes 21 de agosto. El call center funcionaba en la segunda y tercera planta de un edificio ubicado en la avenida 6 de Diciembre, cerca de la parada Bellavista de la Ecovía.
Durante el procedimiento, las autoridades encontraron 112 personas y más de 200 dispositivos electrónicos, entre computadoras y teléfonos celulares. También hallaron dos armas traumáticas y otros indicios.
Según las investigaciones, la organización utilizaba a decenas de jóvenes ecuatorianos para contactar a personas que mantenían deudas por créditos virtuales en México, Colombia, Perú y Chile.
Las autoridades sostienen que los operadores recurrían a mensajes intimidatorios y otras prácticas para presionar a los deudores. En los equipos intervenidos se encontraron conversaciones relacionadas con pagos, deudas y solicitudes de dinero.
Dueño de la empresa está entre procesados
Entre las personas procesadas consta Yang Xiaolong, ciudadano chino señalado como propietario de la empresa, además de otros presuntos responsables de la operación.
La mayoría de los trabajadores encontrados en las oficinas no fue detenida. Más de 20 rindieron versiones libres y voluntarias ante la Fiscalía.
El ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó inicialmente que solo 10 de las personas encontradas en el operativo fueran procesadas. Posteriormente, la Justicia ordenó prisión preventiva para los 10 investigados.
Investigación apunta a conexiones internacionales
Las primeras diligencias apuntan a que la operación tenía alcance internacional debido a que los contactos y cobros estaban dirigidos principalmente a personas en otros países de la región.
Las autoridades analizarán los celulares, computadoras, archivos y demás evidencias decomisadas para determinar el funcionamiento de la presunta red y establecer posibles responsabilidades adicionales.
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