La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, ratificó este jueves, 24 de septiembre, la prisión preventiva contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otros seis procesados en el caso Blindado, una investigación que lleva adelante la Fiscalía por presunto lavado de activos.
La decisión se tomó después de que los siete procesados solicitaran la revisión de sus medidas cautelares. Las defensas buscaban sustituir la prisión preventiva por alternativas como presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y dispositivos de vigilancia electrónica.
Jueza rechazó sustituir la prisión preventiva
Camacho concluyó que no se presentaron nuevos elementos que justificaran modificar las medidas cautelares, por lo que Villacís y los otros seis procesados continuarán con prisión preventiva mientras avanza la causa.
El alcalde de Esmeraldas permanece detenido desde el 3 de junio de 2026. Durante la diligencia defendió la legalidad de los movimientos económicos de sus empresas que forman parte de la investigación.
La jueza también dictó prisión preventiva contra Carlos Vinicio A., otro de los procesados en el caso. El hombre tenía la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, pero incumplió esa medida, según la información presentada durante la audiencia. Ante ese incumplimiento, Camacho dispuso su localización y captura mediante Interpol.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Blindado?
La Fiscalía investiga una presunta estructura de lavado de activos en la que están procesadas 15 personas naturales y tres empresas. Entre los investigados constan funcionarios y exfuncionarios judiciales de Esmeraldas.
Según la tesis de Fiscalía, la estructura habría utilizado decisiones judiciales favorables en procesos contra empresas estatales para movilizar recursos posteriormente a través de compañías, cuentas relacionadas y otras operaciones financieras. Reportes del proceso sitúan el monto investigado alrededor de USD 9 millones.
La investigación se inició en noviembre de 2025 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Parte del dinero investigado habría sido retirado en efectivo y transportado en vehículos blindados, circunstancia de la que proviene el nombre del caso.
La causa continúa en trámite y las personas procesadas mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada.
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