Expertos, organismos internacionales y organizaciones sociales expusieron ante el organismo regional el deterioro del Estado de derecho, la criminalización de defensores y las presiones a la justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló este miércoles 28 de octubre de 2026, en Panamá, la novena audiencia pública para tratar la situación de la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador. Representantes sociales, relatores internacionales y la delegación del Estado expusieron sus posiciones sobre las garantías constitucionales.
Durante la sesión, la abogada Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ Ecuador), denunció ante la CIDH que en Ecuador existe un “patrón sistemático de hostigamiento, acoso, sanción y judicialización” contra jueces que resultan incómodos al poder. Además, acusó al Ministerio del Interior de promover una campaña de desprestigio contra los magistrados, calificándolos públicamente de corruptos o aliados del crimen organizado y emitiendo advertencias sobre sus decisiones judiciales.
Alertas sobre independencia judicial y la Corte Constitucional
La exposición del ODJ Ecuador —respaldada por colectivos como CEJIL y DPLF— detalló que la provisionalidad prolongada y los diseños institucionales facilitan investigaciones penales y juicios políticos contra jueces como represalia por sus decisiones. Asimismo, se denunció que el crimen organizado mantiene bajo riesgo a magistrados ante la ausencia de mecanismos especializados de protección.
En la misma línea, se alertó sobre cinco patrones de ataque contra la Corte Constitucional para mermar su rol como contrapeso democrático. Entre los hostigamientos figuran la intimidación institucional mediante la militarización de su sede, la limitación de competencias, restricciones presupuestarias y campañas de deslegitimación.
Por su parte, Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de la ONU, expresó preocupación por el uso indebido del derecho penal contra defensores de derechos humanos y anunció una visita oficial a Ecuador para mayo de 2027. José Luis Caballero Ochoa, segundo vicepresidente de la CIDH, recalcó la necesidad de examinar de manera integral las denuncias de protestas, perfilamiento racial y represalias contra periodistas.
Organizaciones denuncian restricciones al espacio cívico
Las agrupaciones sociales cuestionaron las políticas de seguridad y la militarización. Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), sostuvo que los estados de excepción prolongados no justifican vulneraciones de derechos.
Vivian Idrovo, de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, afirmó que las reformas legales contra el crimen organizado han servido para perseguir a sectores críticos. Patricia Carrión, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, detalló que entre enero de 2024 y octubre de 2026 un total de 336 personas defensoras enfrentaron 509 procesos de criminalización, sumado a bloqueos financieros y hostigamiento administrativo.
El Estado defiende sus medidas
En respuesta, la delegación ecuatoriana defendió sus actuaciones. Carla Guzmán, de la Asamblea Nacional, respaldó el control político del Legislativo. Daniel Acosta, de la UAFE, explicó que la inmovilización de fondos es una medida cautelar preventiva contra recursos de presunto origen ilícito. Gabriela Samaniego, del Ministerio del Interior, aseguró que la Policía prioriza el diálogo y capacita a sus agentes en derechos humanos.
Finalmente, Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la CIDH, destacó la importancia de escuchar a todas las partes para evaluar la institucionalidad democrática del país.
