Para la abogada Angélica Porras, el caso de la detención del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presenta una serie de irregularidades. Entre las mismas, destacó la existencia de $47.000 en casa del exministro de Salud, Mauro Falconí sin conocerse su procedencia. Además, señaló que existieron $30.000 en joyas, siete celulares y balas junto al dinero dentro de una mochila.
Para la abogada, esta no es la única irregularidad. Así, indicó que, de acuerdo a los exámenes toxicológicos que le practican a Carrión reportaron que no existía presencia de alcohol u otra sustancia en su sangre. Además, señaló que dichos exámenes los practicaron en el lapso de seis a siete horas, tiempo en el que no puede desaparecer las sustancias.
La jurista alertó que el delito inicial que imputan a Carrión giró en torno a incumplimiento de decisión de autoridad competente, como recoge el artículo 282 del Código Integral Penal (COIP). Sin embargo, tras aparecer el dinero, las joyas y otros artículos, cambia el delito a abuso sexual, estipulado en el artículo 170 del COIP.
El hecho
“Todos pensamos que Carrión había ido a una reunión social e ingirió alcohol”, inició Porras. Sin embargo, alertó que dos días antes, el Defensor recibió la visita de Falconí. Según Carrión, el exministro le solicitó que intervenga en una situación con su compañera. Pero, también, le ofreció entregar pruebas de la supuesta vacunación VIP que involucraban a la exvicepresidenta María Alejandra Muñoz.
“Carrión acudió a la invitación. No fue a tomar sino a recabar las pruebas. Le brindaron algo de comer y una copa de vino. Carrión dijo que es culpable de aceptar la invitación y la copa de vino”, señaló la abogada.
Tras el suceso, Carrión abandona el lugar para dirigirse al domicilio de su sobrino. Allí, empieza a sentirse mal y acude a una clínica para, posteriormente, perder el conocimiento. A ese lugar, llega la Fiscalía General del Estado (FGE), lee sus derechos al Defensor inconsciente en presencia de un abogado inculpándolo bajo el delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente. Sin embargo, no existió flagrancia, indicó la abogada.
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