El Secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo Neira, solicitó a la Corte Constitucional (CC) “rechazar y devolver” a la Asamblea Nacional el texto de la objeción parcial del Proyecto de Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.
En una misiva, Pozo hizo esta petición después de especificar a la Corte que el veto parcial que envió el presidente Guillermo Lasso, el 15 de marzo de 2022, “no es una objeción por inconstitucionalidad, sino una objeción parcial”.
El jueves 7 de abril, la Corte requirió al Primer Mandatario especificar si la objeción remitida al Legislativo, respecto a ese Proyecto de Ley, es un veto por inconstitucionalidad.
“La objeción remitida por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional mediante Oficio No. T. 180-SGJ-22-0050 de 15 de marzo de 2022, no corresponde al supuesto del artículo 139 de la Constitución de la República sino al supuesto previsto en el artículo 138 de la misma”, señala Pozo en un comunicado dirigido a la jueza sustanciadora del caso, Karla Andrade.
Pozo solicita dicho trámite a la magistrada “a fin de que continúe con el procedimiento previsto en el artículo 138 de la Constitución de la República, cuyos plazos siguen en curso”.
Decisión del Pleno de la Asamblea
El pasado 5 de abril, el Pleno del Legislativo aprobó que se remita a la CC el veto parcial al proyecto de Ley. La moción fue presentada por la legisladora ponente del informe, Johanna Moreira.
Moreira argumentó: “el razonamiento de la objeción presidencial y su incongruencia con el título altera el proceso de formación de leyes. Envía una objeción calificada como parcial, con fundamentos de constitucionalidad a la Asamblea Nacional”.
A criterio de la Comisión de Justicia, el Ejecutivo debió haber vetado por inconstitucionalidad. Con la decisión del Pleno, se establece un plazo de 30 días para análisis y dictamen de la Corte.
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