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Acuerdos con el FMI exigen el incremento del IVA al 15%

El pasado 5 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el acuerdo con Ecuador para el desembolso del último préstamo. Entre las directrices a las que se compromete el país se encuentra el alza de tres puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que subiría al 15% para que el Ecuador acceda a los $2.000 millones de crédito.

Según el programa económico, debe existir una reforma tributaria para subir los ingresos fiscales en unos $2.000 millones en el 2022. En ese año, el país espera que la economía vuelva a reactivarse. Sin embargo, esa será una medida que tomará el siguiente Gobierno, pues el actual dejará tan solo un borrador. La respectiva Ley deben presentarla en septiembre de 2021. Por ello, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental, puntualizó que el multilateral está dispuesto a hacer modificaciones al programa. “Los programas se modifican siempre que la lógica se sustente y los objetivos se mantengan. De acuerdo con las nuevas fuerzas políticas que están al mando, siempre ha habido cambios, y sí, puede tener modificaciones para acomodarse a los nuevos planes del nuevo Gobierno”, anunció.

Pero, además, el acuerdo con el FMI plantea la reducción de las exenciones del IVA a las universidades. Así mismo, la eliminación de la devolución del IVA a los adultos mayores. Entre otros planteamientos, está la creación de un nuevo impuesto a las emisiones de CO2.

Gestión del Gobierno de Lenín Moreno

Por su parte, el Gobierno de Lenín Moreno debe implementar las medidas de transparencia de la información fiscal contenidas en la reforma del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Además, mejorar la supervisión al Banco Central con, por ejemplo, un auditor externo. Así mismo, deberá mejorar la publicación de información relacionada con la declaración de bienes de los funcionarios de alto nivel.

Por estos motivos, en diciembre, el Ejecutivo debe presentar una Ley anticorrupción y en enero, una reforma de ley para dotar de autonomía al Banco Central (BCE). Por su parte, el Ministerio de Finanzas entregará un plan presupuestario para el 2021 y presentará una estrategia para limitar los atrasos del sector público con diferentes actores.

Reducción de los gastos

El programa tiene prevista una reducción de gastos por $3.000 millones hasta el 2025. En este sentido, la mayor afectación se dará en la inversión pública y el gasto en salarios públicos que el Estado deberá reducir en $600 millones.