La Fiscalía General del Estado solicitó este 19 de marzo de 2021 a la Corte Provincial de Pichincha fijar la audiencia preparatoria de juicio contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más. Esto como parte de un proceso por presunto peculado en la compra de 100.000 test para Covid-19.
Se estima que el perjuicio para el Estado estimado en 4’226.800 millones de dólares. En este caso están vinculados el alcalde Jorge Yunda. Además, la secretaria de Salud, Ximena Abarca; la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán, y, el exsecretario de Salud del Municipio, Lenin Mantilla, quien está prófugo.
#ATENCION | @FiscaliaEcuador presentó la solicitud a la Corte Provincial de Justicia de #Pichincha . Se investiga presunto peculado en la adquisición de pruebas para detección de #COVID19 en el @MunicipioQuito . pic.twitter.com/aZzO8EpNum
— PrimeraPlanaECU (@PrimeraPlanaECU) March 19, 2021
¿Cuál es el fundamento del caso?
Según Fiscalía, las personas vinculadas a este proceso penal habrían terminado, el 20 de julio de 2020 –por mutuo acuerdo– el “Contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de Covid-19 por PCR polimerasa”, suscrito entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A.
Esto debido a que la empresa contratada en lugar de entregar las pruebas PCR Polimerasa (para detección del virus de la Covid-19, como consta en el contrato, entregó pruebas RT LAMP, que tienen menos porcentaje de detección del virus. «Es decir, había que duplicar el procesamiento de cada prueba, debido a su baja sensibilidad», precisó Fiscalía.
Para la institución, lo que correspondía, era «dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales».
Fiscalía precisó que «este posible incumplimiento de las especificaciones técnicas era de conocimiento del Alcalde de Quito y de la Secretaria de Salud, quienes habrían intercambiado mensajes vía WhatsApp respecto a que las pruebas entregadas no eran las constantes en el objeto del contrato. Sin embargo, decidieron validarlas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo».
¿Qué dicen los vinculados?
Uno de los elementos por los que fueron vinculadas a la causa Abarca y Guamán es una publicación de una revista científica que revela una presunta baja sensibilidad de estos test. Sin embargo, los autores de este estudio fueron denunciados ante la Fiscalía.
Entre los alegatos se señala que el Municipio de Quito y la Secretaría de Salud compraron las pruebas PCR para Covid-19 a inicios de la pandemia cuando Mantilla era el secretario de la cartera sanitaria, pero Abarca ingresó al cargo el 13 de junio de 2020.
Abarca añadió que «las pruebas eran garantizadas y tenían la suficiente sensibilidad porque para poder utilizar en la población y eran además seguras».
Por su parte, Guamán señaló que el 16 de junio al llegar a su puesto encontró ya se habían comprado las 100.000 pruebas pero faltaban documentos de esas pruebas porque se los llevó la Fiscalía en el allanamiento al inmueble de la Secretaría de Salud de Quito.
La también científica aclaró al respecto: «Mi rol como coordinadora técnica no era decidir si las pruebas estaban bien o mal porque para eso está la administradora del contrato. Mi rol era dar uso de esas pruebas y asesorar a Ximena de cuál es el mejor uso que se pueden dar».
No obstante dijo que pidió a la UDLA validarlas ya que no era posible pedir una validación en el exterior debido a las restricciones de movilidad por la pandemia.
El alcalde Yunda señaló que él no teme nada y lo que hizo fue por precautelar la salud del pueblo de Quito. Su abogado, Juan Pablo Albán, indicó que en las investigaciones no se tomó en cuenta la Ley Humanitaria que determina que “cuando existen obligaciones pendientes con el proveedor no se puede dar por terminado el contrato de forma unilateral”.
