La asambleísta de Alianza País (AP), Ana Belén Marín, integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), defendió la decisión de este organismo de no calificar al trámite el proyecto de ley de Defensa de la Dolarización. El documento lo remitió el Ejecutivo la semana anterior como urgente en materia económica. En en su parte medular planteaba normas para la autonomía del Banco Central del Ecuador.
En entrevista para el noticiero “A Primera Hora” de Majestad Radio, Marín explicó que el informe previo preparado por la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) identificó al menos 14 inconstitucionalidades en la iniciativa gubernamental. Este documento, aunque no es vinculante. Fue acogido en su totalidad por cuatro de los siete vocales del CAL: el Presidente César Litardo, el primer Vicepresidente César Solórzano y los vocales Carlos Cambala y Ana Belén Marín. Mientras el segundo Vicepresidente Patricio Donoso y la vocal Rina Campain se abstuvieron. Por su parte, la vocal Cristina Reyes votó a favor de la calificación del proyecto.
¿De qué trata el proyecto?
La legisladora Marín explicó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa sí le da atribución al CAL para verificar el cumplimiento de requisitos de constitucionalidad previo a calificar el trámite de una iniciativa. “El CAL es un filtro. El Art. 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa claramente define cuáles son los requisitos para la calificación de un proyecto de ley”, explicó.
Marín aseguró que no se trata de la primera ocasión en la que el CAL no califica el trámite de una iniciativa por consideraciones constitucionales. “Hemos devuelto nueve proyectos de ley que han tenido indicios de inconstitucionalidad. El económico urgente no es el primero”, aclaró0.
Sobre la propuesta del gobierno, incluso, Marín recordó que ya fue devuelta en una primera ocasión, por errores de forma en los considerandos. Así mismo, por la relación entre el texto y los artículos vigentes en varios cuerpos normativos. Además, aseguró que el Ejecutivo sí tiene la posibilidad de remitir nuevamente la iniciativa. Pero que debe corregir las inconstitucionalidades que han sido identificadas.
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