André Benavides: “La Corte Constitucional le jaló las orejas al Ejecutivo”

El jurista André Benavides, en entrevista para el noticiero “A Primera Hora” de Majestad Radio, analizó el dictamen de la Corte Constitucional, que declaró la constitucionalidad parcial del Decreto Ejecutivo mediante el cual el Presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en ocho provincias del país: Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, Azuay, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Loja.

Ese estatus iba a tener una vigencia de 30 días, pero la Corte ordenó que sea solo hasta la media noche del viernes, 9 de abril.

Al respecto, Benavides dijo que “este estado de excepción era una oportunidad importante que tenía el Gobierno para tomar medidas necesarias en el contexto de la emergencia sanitaria… La falta de técnica jurídica y de observancia de los pronunciamientos que anteriormente ya emitió la Corte, le pasan factura al gobierno”.

“¿Por qué la Corte Constitucional dice que el toque de queda debe durar solo hasta el 9 de abril? Porque consideró que no existe justificación para extenderlo por 30 días más”, señaló Benavides, quien, además, explicó, que la más alta magistratura en materia constitucional advirtió que el Presidente de la República es el único que puede disponer limitaciones a la libre movilidad, asociación y reunión, y no el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, instancia a la que el mandatario le había trasladado esa capacidad.

El jurista añadió que el dictamen de la Corte despeja las dudas sobre el desarrollo de la segunda vuelta electoral, prevista para este domingo: “al quitarle esa facultad al COE Nacional de regular el tránsito, lo que ha hecho la corte es garantizar todo el proceso electoral, que se podía ver afectado el momento que se hubiesen impuesto medidas para evitar aglomeraciones que, eventualmente, perjudiquen los derechos de participación de los ciudadanos.

No obstante, André Benavides aclaró que el Presidente de la República sí tiene la facultad de decretar nuevos estados de excepción, pero obligatoriamente observando los dictámenes anteriores de la Corte Constitucional.