El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que su prisión preventiva responde a fines políticos y que enfrenta condiciones de aislamiento extremo en el centro de máxima seguridad “El Encuentro”, en Santa Elena, donde permanece detenido.
La petición, presentada por su defensa, incluye una solicitud de medidas cautelares en la que se advierte que el burgomaestre está recluido bajo restricciones severas en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos.
Denuncias por vulneración de derechos
El equipo legal sostiene que estas condiciones son desproporcionadas para una persona sin sentencia ejecutoriada y comprometen su integridad física y psicológica.
Además, argumenta que se han vulnerado derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y los derechos políticos.
“Destitución de facto” y uso del sistema penal
La defensa afirma que la prisión preventiva ha generado una “destitución de facto”, al impedir que Alvarez ejerza el cargo para el que fue elegido por votación popular.
También cuestiona procesos judiciales como “Goleada”, “Triple A” y “Grillete”, que —según el escrito— evidenciarían un patrón de instrumentalización del sistema penal con fines políticos.
Riesgos y medidas cautelares
La solicitud ante la CIDH se sustenta en criterios de urgencia, gravedad e irreparabilidad, debido al riesgo que implicaría mantener al alcalde en un centro penitenciario de máxima seguridad.
La defensa advierte que las condiciones del sistema carcelario, sumadas a restricciones en servicios básicos, incrementan el riesgo a su vida e integridad.
De forma paralela, el equipo legal ha iniciado acciones ante mecanismos internacionales, incluyendo procedimientos de Naciones Unidas sobre tortura y detención arbitraria, con el objetivo de someter el caso a escrutinio global.
La CIDH deberá pronunciarse sobre la solicitud en un caso que podría marcar precedentes sobre el uso de la prisión preventiva en autoridades electas y su impacto en los derechos políticos.
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