El organismo electoral aceptó un recurso de aclaración solicitado por Cristian Zamora, pero determinó que la sanción comunitaria permanece totalmente inalterada.

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el recurso de aclaración y ampliación que interpuso el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora.

La entidad tomó esta determinación legal con cuatro votos a favor y un voto salvado durante el desarrollo de una sesión extraordinaria.

Sin embargo, el organismo especializado aclaró que la nueva acción jurídica no modifica en absoluto el contenido ni el alcance de la sentencia previa.

Suspensión de derechos y origen de la demanda

La resolución judicial ejecuta de forma inmediata la suspensión de los derechos de participación política del funcionario cuencano por un lapso de seis meses.

Esta sanción proviene de una denuncia por violencia política de género que presentó la concejala Diana González en contra del primer personero municipal.

González demostró en el proceso el desvío de canales institucionales y plataformas digitales oficiales para obstaculizar el ejercicio normal de sus funciones legislativas.

Multas financieras y prohibición electoral

El dictamen definitivo del TCE contempla el pago obligatorio de una multa económica equivalente a 25 salarios básicos unificados por parte del sancionado.

Asimismo, los jueces electorales ordenaron la implementación de medidas de reparación integral y la asistencia del funcionario a un curso sobre violencia de género.

Debido al tiempo de vigencia de la suspensión, Zamora quedó inhabilitado para inscribirse como candidato en los comicios seccionales del 29 de noviembre.

Transición en la Alcaldía y cambios administrativos

En el ámbito de la administración local, la vicealcaldesa Marisol Peñaloza asumirá de inmediato la titularidad de la Alcaldía de Cuenca durante este semestre.

Por su parte, el Concejo Cantonal resolvió postergar la sesión extraordinaria planificada para elegir a la nueva autoridad encargada de ocupar la vicealcaldía.

Los ediles argumentaron la necesidad de incluir informes jurídicos detallados y documentación técnica de respaldo para garantizar una transición institucional totalmente transparente.