El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, por un presunto incumplimiento de funciones.
Entre las causales que aprobaron los legisladores para llamar al ministro Isch están: denegar el acceso inmediato a la información pública al Observatorio de Discapacidad y por incumplir la Disposición Transitoria Vigesimoquinta de la Constitución, al no revisar el salario básico unificado para el año 2021.
La decisión se tomó luego de conocer el informe de la Comisión de Fiscalización, el cuál no logró los votos necesarios para recomendar el juicio político. Sin embargo, se aplicó el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece que, previo a una moción motivada, el Pleno podrá resolver ya sea el archivo del trámite o el juicio político con el voto favorable de una mayoría simple.
La legisladora Marcela Aguiñaga, del bloque de la Revolución Ciudadana, afín al correísmo, fue quien mocionó la interpelación al ministro Isch y aseguró que este es responsable del despido de miles de trabajadores, en plena pandemia, “con una interpretación antojadiza de la Ley Humanitaria, en lo que se refiere a la causal de caso fortuito o fuerza mayor para la terminación de la relación laboral”.
En tanto que las legisladoras Mercedes Serrano (PSC) y Gabriela Larreátegui (Suma), señalaron que las causales de este juicio político “no están bien fundamentadas.”
Serrano propuso la reconsideración de la votación del informe de la Comisión que recomendaba el enjuiciamiento político, justificó su actuación que, según dijo, “buscaba que el informe recoja con mayor precisión las causales, de manera que estén jurídicamente bien justificadas, así como los diversos puntos de vista de los miembros de la comisión”.
Mientras que Larréategui señaló que “hay una total debilidad en los argumentos presentados contra el Ministro de Trabajo, a quien se lo acusa de la pérdida de empleos en la pandemia, que es algo que pasó en todo el mundo”.
Una vez que el Pleno aceptó la moción, el presidente del Legislativo, César Litardo, tiene cinco días para convocar a la sesión a la que deberá acudir el Ministro y en la que se presentarán pruebas de cargo de y descargo.
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