La Comisión de Garantías Constitucionales será la encargada de investigar el caso #PanodoraPapers y la relación que algunas autoridades podrían tener con las empresas offshore.
En un comunicado difundido por redes sociales el Legislativo reiteró que no será la Comisión de Fiscalización la encargada del caso.
En días pasados el Pleno de la Asamblea resolvió, con 105 votos afirmativos, requerir a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales que efectúe la investigación.
La Comisión deberá solicitar las comparecencias y requerir la información que considere necesaria, con el fin esclarecer la vinculación del Presidente de la República Guillermo Lasso.
El Pleno dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político remita de manera inmediata toda la información relacionada con la investigación a la nueva comisión.
Ese organismo tendrá la competencia expresa para abordar el tema. La Comisión está conformada por una mayoría de UNES y del Pachakutik.
Para el asambleísta de UNES, Ronny Aleaga, existen varias interrogantes entorno a la investigación. Uno de ellos, es que el presidente Lasso posiblemente haya incumplido el mandato legal del pacto ético, que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener sus recursos o bienes en paraísos fiscales.
Por ello, señala que es necesario entender cómo el mandatario se deshizo de los fidecomisos, “si los vendió o los regaló; y, qué acciones del pago de tributos se realizaron sobre esta transacción”.
En el debate los legisladores coincidieron de manera mayoritaria en la necesidad de realizar una investigación con transparencia y objetividad. También subrayaron que corresponde al Pleno de la Asamblea, definir el procedimiento a seguir, conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
De su lado, legisladores afines al Gobierno, señalaron que existe predisposición del Presidente de la República, para que se lleve adelante la investigación. Aseguraron que las cartas están abiertas para que la Contraloría investigue el tema “Pandora Papers”, puesto que no hay nada que temer y que tener dinero fuera del país no es un delito.
