Con 77 votos a favor, 66 negativos y siete abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este 10 de junio de 2025, la Ley de Inteligencia.
La asambleísta Inés Alarcón, ponente del informe y presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, destacó que esta normativa establece principios rectores de legalidad y proporcionalidad en la aplicación de acciones de inteligencia, en estricto respeto a los derechos humanos y al control democrático.
Además, resaltó que, por primera vez, Ecuador implementará un control parlamentario especializado, exclusivo en la comisión encargada de la materia y, reservado para este tipo de procedimientos, como ocurre en otros países de la región y del mundo.
“Esta es una ley conectada con la realidad que vive el país y que resalta la importancia de la obtención de información oportuna y eficaz para evitar que se materialicen hechos terroristas en territorio nacional”, dijo.
Asimismo, negó que exista vulneración de derechos constitucionales como la confidencialidad y la reserva. Además, aseguró que no se elimina el control sobre las acciones de inteligencia, se mantiene el control parlamentario especializado y se adapta a estándares internacionales.
Lo dijo, tras los cuestionamientos sobre la información que proporcionen las operadoras telefónicas. Añadió que no existirá una intervención excesiva en las telecomunicaciones y no puede ser discrecional.
La legisladora explicó que sobre gastos especiales, la Contraloría será la única autoridad competente para el control de los recursos públicos y que no desaparecen la responsabilidad penal y administrativa.
Sobre la Ley
El principal objetivo del texto aprobado consiste en regular el Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas. Para ello, pone principal atención a la coordinación y cooperación con otras entidades del Estado, pero también con personas naturales o jurídicas, tanto públicas como privadas.
Según recoge la propuesta, el Sistema Nacional de Inteligencia contará con subsistemas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, análisis financiero y económico, Casa Militar Presidencial, tributación nacional, aduanas, sistema penitenciario y otros que disponga el presidente de la República.
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