Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Desde que Lenín Moreno y Guillermo Lasso asumieron la Presidencia de la República en 2017 y 2021, en su orden, varios sectores políticos y de opinión han intentado posicionar un encuadre en el que el “autoritarismo” y la “corrupción” se constituyen en ideas centrales para definir al gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Quienes se enmarcan en el primer concepto, sostienen su argumento utilizando modelos teóricos e índices de desempeño de las democracias elaborados en países desarrollados generalmente con gobiernos parlamentarios, que nada tienen que ver con la realidad latinoamericana y menos aún, ecuatoriana. Estas matrices de pensamiento estigmatizan a los sistemas presidencialistas y condenan los liderazgos fuertes calificándolos de “autoritarios” o “populistas”.
Los que abanderan el tema de la corrupción, en cambio, priorizan el escándalo mediático por sobre la investigación seria y argumentada para calificar de “corrupto” o de “narcotraficante” a todo el entorno externo a sus círculos de poder que cuestione o se oponga de alguna manera a sus decisiones.
Alimentando la idea de “combatir” el autoritarismo “correísta”, Moreno convocó a una consulta popular que instaló un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que -a la luz de la realidad- le ha metido al Ecuador en un atolladero institucional del que no logra salir.
Igual ocurre con Lasso quien para “luchar” contra este fenómeno promovió una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación con la que desmanteló toda la estructura de control hacia los medios invocando su autorregulación, pero paradójicamente no escatimó esfuerzo alguno en cuestionar las publicaciones de El Universo sobre los paraísos fiscales.
Algo parecido sucede con la corrupción, donde algunos sectores buscan hacer del combate a este tema una plataforma para ganar visibilidad mediática, pero en la práctica rechazan cualquier acción concreta orientada a combatirla efectivamente, porque eso implicaría anular sus propios argumentos. La Comisión de Fiscalización de la actual Asamblea Nacional es un claro ejemplo de esta lógica.
Aunque Moreno y Lasso ofrecieron una “lucha sin cuartel” a la corrupción, en el ejercicio de sus administraciones ya han sido varios los casos que se han presentado.
En Moreno, el reparto de hospitales entre los legisladores afines a su gobierno, el caso INA Papers y el negociado de las medicinas para el Covid-19, entre otros. En la actual administración, en cambio, destacan el caso Danubio, los asesores ad honoren, la supuesta venta de los viceministerios, la situación de las aduanas, y el último escándalo sobre el supuesto control de las empresas públicas que involucraría a un familiar cercano del primer mandatario.
Esta última una modalidad muy sutil de corrupción que ha sido prácticamente transversal a todos los gobiernos. Napoleón Villa en el caso de Lucio Gutiérrez (2002-2005); Fabricio Correa y Pedro Delgado en el gobierno de Correa (2007-2017); Gary y Edwin Moreno en la administración de su hermano Lenin (2017-2021) y Danilo Carrera, en el gobierno de Lasso.
En este escenario, aunque el “autoritarismo” y la “corrupción” intentaron configurarse en un paraguas ideológico, un conjunto de creencias, valores y prácticas para dividir a la sociedad entre “buenos” y “malos”, lo cierto es que la realidad siempre se impone, desbaratando cualquier intención discursiva.
La opinión de Wilson Benavides.
