El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el pedido de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, por un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la contratación de proyectos de generación eléctrica adjudicados a la empresa estadounidense Progen.

La decisión constituye el primer filtro dentro del proceso de fiscalización impulsado por legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana.

Con esta resolución, el expediente será remitido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que deberá analizar la solicitud y pronunciarse sobre su admisión a trámite antes de una eventual sustanciación del juicio político.

Acusaciones por contratos durante la crisis energética

La solicitud fue presentada el pasado 27 de mayo por los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto, quienes atribuyen a Manzano un presunto incumplimiento de funciones relacionado con el desembolso de recursos públicos a favor de Progen durante la crisis energética que atravesó Ecuador.

Los legisladores sostienen que existen cuestionamientos sobre la gestión de la exfuncionaria en el proceso de contratación de proyectos de generación eléctrica destinados a enfrentar los problemas de abastecimiento energético registrados en el país.

Comisión de Fiscalización tendrá la última palabra

El expediente será analizado por la Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Álvarez, instancia que deberá emitir un pronunciamiento sobre la admisibilidad del proceso en un plazo de cinco días.

Si la solicitud supera esta etapa, se iniciará formalmente la sustanciación del juicio político, que incluirá la presentación de pruebas, comparecencias y la elaboración de un informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

Esta no es la primera vez que la Revolución Ciudadana impulsa un proceso de fiscalización por este caso. En 2025, la bancada correísta presentó una solicitud de juicio político contra Manzano y contra el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien también estuvo al frente del Ministerio de Energía.

En aquella ocasión, los legisladores argumentaron presuntas irregularidades en los contratos con Progen y en el proceso de adjudicación del Campo Sacha. Sin embargo, el CAL resolvió archivar el pedido.

Según explicó la Revolución Ciudadana, Roberto Luque no fue incluido en la nueva solicitud debido a que ya expiró el plazo legal para iniciar un juicio político relacionado con las funciones que desempeñó en esa cartera de Estado.

El caso vuelve ahora a la agenda legislativa en medio de los cuestionamientos sobre la gestión de la crisis energética y los contratos suscritos para enfrentar los problemas de generación eléctrica en el país.