La Fiscalía General del Estado solicitó a un juez que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas por presunto peculado en el denominado caso Apagón.
La investigación se centra en los contratos firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa Progen durante la crisis energética de 2024, que buscaban incorporar 150 megavatios de generación térmica en Quevedo y Salitral, pero que no llegaron a operar.
Según informó la Fiscalía este miércoles, 29 de abril, el pedido busca dar paso a la judicialización del caso, tras meses de indagaciones por un presunto perjuicio económico al Estado.
La Contraloría General del Estado determinó un daño de aproximadamente USD 100 millones, correspondiente a pagos realizados a Progen: USD 70 millones para el proyecto en El Salitral (Guayas) y USD 30 millones para Quevedo (Los Ríos).
Entre los investigados constan el exgerente subrogante de Celec, Fabián Calero, y el exministro de Energía, Antonio Gonçalves.
Contratos fallidos en medio de crisis eléctrica
El origen del caso se remonta a la emergencia eléctrica declarada en abril de 2024, cuando el entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, autorizó mecanismos de contratación directa para incorporar generación termoeléctrica.
Posteriormente, Celec adjudicó a Progen contratos por USD 149,1 millones para instalar 150 MW en dos centrales. Sin embargo, los equipos no entraron en funcionamiento en los plazos previstos.
Las condiciones contractuales contemplaban el pago del 70% del monto tras la presentación de documentación técnica, lo que derivó en cuestionamientos sobre la ejecución y control del proceso.
Como parte de la investigación, la Fiscalía ejecutó allanamientos desde julio de 2025 en oficinas públicas y domicilios en Quito y Samborondón, incluyendo instalaciones de Celec, Cenace, Termopichincha y la Empresa Eléctrica Quito.
También se receptaron más de 60 versiones dentro del proceso, según el Ministerio Público.
Ministro Luque afirma que no está vinculado
Tras conocerse el pedido de formulación de cargos, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien estuvo encargado de la cartera de Energía en 2024, aseguró que no ha sido incluido en la lista de personas a ser procesadas.
A través de su red social X, Luque indicó que colaboró con la investigación y que las autoridades revisaron su información patrimonial en distintas entidades, sin encontrar indicios de irregularidades.
El funcionario añadió que, tras meses de señalamientos políticos, será la justicia la que determine responsabilidades y el alcance de los hechos investigados.
El caso Apagón surge tras los extensos cortes de energía registrados en Ecuador en 2024, que obligaron al Gobierno a adoptar medidas urgentes para aumentar la capacidad de generación eléctrica.
Además del proceso penal, el Estado ecuatoriano ha iniciado acciones legales contra Progen en el exterior, mientras continúan las investigaciones para esclarecer posibles responsabilidades en la contratación.
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