El jurista Cristian Pino, quien es especialista en temas de descentralización, aseguró que el gobierno central les debe a los gobiernos autónomos descentralizados -prefecturas, municipalidades y juntas parroquiales- alrededor de USD 2.000 millones. Ello corresponde a las asignaciones derivadas del Presupuesto General del Estado y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Entrevistado por el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio, Pino advirtió que estos retrasos inciden negativamente en la planificación de los gobiernos locales. Así, provocan dificultades en la ejecución de obras. Es más, recordó que el presupuesto de 2020 está prorrogado para 2021, por norma constitucional, al ser año electoral. Por lo que las dificultades de este año van a mantenerse para el próximo.
Según el especialista, los recortes en los gobiernos locales van desde el 19% al 60%, de acuerdo con cada caso. “Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Pichincha va a experimentar un recorte de entre el 19% y 38%, dependiendo de la forma cómo se aplique la fórmula del gobierno central. Por el contrario, el la Municipalidad de Samborondón sufrirá una diminución del 60%», explicó.
Y aunque el gobierno derogó los acuerdos ministeriales 049 y 072 del Ministerio de Finanzas, que viabilizaron los recortes, Pino considera que la derogatoria no es clara. “Porque en su parte de considerandos deja entrever que se mantendrán los efectos jurídicos que permitieron la reducción de las asignaciones para los gobiernos locales. En otras palabras, no hay certezas si la derogatoria, en efecto, significa derogatoria”.
Añadió que, incluso, la expedición de dichos acuerdos ministeriales no fue comunicada oportunamente a prefecturas, municipalidades y juntas parroquiales, porque ni siquiera fueron publicados en el Registro Oficial “y de su existencia se tuvo conocimiento recién en noviembre”.
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