Con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recomendó al pleno la censura y destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
La sesión duró alrededor de cuatro horas. En el documento estipulaba que, bajo el amparo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pedían al pleno acoger la solicitud de los legisladores María de Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, independientes; y Amapola Naranjo, de Revolución Ciudadana. Con ello, la mesa aprobó el informe que recomienda la censura y destitución de Romo.
Cáusales de destitución
En la sesión, y de acuerdo al informe, los legisladores enfatizaron en que la investigación recabó testimonios y documentos concernientes no sólo a las tres causales de juicio político, sino que también recibió testimonios y documentos sobre un posible “uso excesivo de la fuerza” desde el Estado, en el control de las manifestaciones de octubre de 2019.
Las tres causales por las cuales la Comisión investigó a María Paula Romo giraron en torno al uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de manifestantes; el lanzamiento de bombas lacrimógenas a centros de paz y acogida humanitaria; y la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación.
Dentro de ese contexto, según los parlamentarios, la Ministra, como parte de su estrategia de descargo, planteó que una posible censura a su gestión implicaría una censura a la Policía Nacional. Pero que, además, se entendería como un mensaje de respaldo a grupos políticos violentos, antidemocráticos y que actuaron al margen de la ley, en el contexto de las manifestaciones de octubre de 2019. “Es decir, planteado así el juicio político, en blanco y negro, aquellos asambleístas que eventualmente voten a favor del juicio político, serían enemigos de la Policía Nacional y estarían a favor de los grupos violentos, golpistas y antidemocráticos”, criticaron los legisladores.
Por estos motivos, los miembros de la Comisión dejaron por sentado que respaldan el trabajo de la Policía Nacional.
Así mismo enfatizaron que en los casos en que se hayan dado detenciones arbitrarias o uso excesivo de la fuerza, tanto la Fiscalía como el Sistema Judicial, deberán realizar las respectivas investigaciones. De comprobarse la culpabilidad de algún miembro de la fuerza pública, serán las autoridades judiciales las que procedan con las sanciones que correspondan, a fin de evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.
