La Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, se ha convertido en el nuevo centro de máxima seguridad del país. El Gobierno dispuso que hasta ese reclusorio sean trasladados los internos de “alta peligrosidad” que, independientemente del delito cometido, hayan causado un impacto grave contra el Estado.
En la antigua cárcel de La Roca, que hasta ahora había sido el centro de máxima seguridad, se ejecutarán trabajos de mejora y readecuación, con el objetivo de fortalecer su infraestructura y capacidad de control. Este martes, fueron trasladados todos los internos de esa penitenciaría hacia Santa Elena.
El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que las celdas del nuevo complejo están diseñadas para alojar hasta cuatro personas y que el recinto opera bajo un sistema que bloquea completamente las comunicaciones, lo que impide el uso de teléfonos celulares, redes inalámbricas o cualquier señal de transmisión.
Según el ministro, esto contrasta con otros centros penitenciarios donde se han detectado redes wifi y accesos ilegales gestionados por grupos delictivos.
El control operativo está en manos del Bloque de Seguridad, conformado por personal policial y militar especializado. Reimberg señaló que se busca incorporar nuevo personal capacitado para evitar que se repitan prácticas de corrupción y descontrol vistas en otros centros.
Para ello, el Ejecutivo ha solicitado a la Asamblea Nacional la aprobación de una normativa que permita la selección de personal pasivo de las Fuerzas Armadas y la Policía, quienes deberán pasar por evaluaciones antes de asumir funciones.
El nuevo centro penitenciario comenzó a operar este lunes, 10 de noviembre, con la llegada de los primeros 300 internos catalogados de “alta peligrosidad”.
El primer traslado se realizó sin aviso previo para evitar filtraciones, de acuerdo con el Gobierno. La medida se ajecuta en la antesala de la consulta popular y el referéndum, que se llevarán a cabo este domingo 16.
Una zona boscosa y de difícil acceso
La prisión se levanta sobre 16,2 hectáreas en una zona boscosa y de difícil acceso, a aproximadamente una hora por carretera desde Guayaquil. Santa Elena no contaba con un centro carcelario antes de este proyecto.
La obra, iniciada en junio de 2024, tuvo un costo aproximado de USD 52 millones y estuvo a cargo de la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del Grupo Puentes y vinculada a China Road and Bridge Corporation.
Diseño y capacidad
El complejo está cercado por muros perimetrales altos y cuenta con tres módulos diferenciados:
- Alta seguridad: 160 celdas, hasta cuatro detenidos por celda.
- Máxima seguridad: 32 celdas, con capacidad para dos personas en cada una.
- Supermáxima seguridad: 32 celdas individuales destinadas a internos considerados de riesgo extremo.
La capacidad total del centro es de 736 reclusos. En los alrededores del complejo se han instalado sistemas de inhibición de señales, incluidos bloqueadores para drones y equipos de comunicación, según detalló este martes el ministro Reimberg.
Controversias y cuestionamientos
La comunidad cercana de Bajada de Chanduy ha cuestionado el proyecto, alegando que el terreno pertenece a la localidad. Sus representantes advierten que llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Los reclusos trasladados al nuevo centro fueron rapados y recibieron uniformes de color naranja para facilitar su identificación y control. Entre ellos se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glas, trasladado desde el centro de máxima seguridad La Roca.
Fuentes: EFE, El Universo, Radio Sucre
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