El Consejo de la Judicatura (CJ) informó que activó de manera inmediata los mecanismos legales y administrativos tras recibir una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación pública LICS-CJ-2025-004, correspondiente al servicio de mantenimiento del parque automotor institucional.

La alerta se generó tras una publicación hecha por el periodista Andersson Boscán en redes sociales. Según un comunicado del CJ, llegó el 19 de enero de 2026 a través de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión y fue reforzada el mismo día por una comunicación de una vocal del organismo.

Ante estos hechos, el presidente del CJ dispuso la remisión de todas las actuaciones a las instancias competentes y ordenó el inicio de acciones de verificación, control e investigación, en estricto apego a la normativa vigente y al principio de legalidad. La Dirección Nacional de Transparencia garantizó la reserva de la identidad del denunciante e intentó recabar elementos probatorios adicionales para sustentar los hechos denunciados.

Como parte de las medidas adoptadas, la institución inició el monitoreo y vigilancia del procedimiento de contratación, notificó a la comisión técnica sobre la existencia de la denuncia y ordenó una revisión exhaustiva de las 14 ofertas presentadas. El análisis técnico determinó que ninguna cumplía con los requisitos establecidos, por lo que la comisión recomendó declarar desierto el proceso. Esta recomendación fue acogida mediante resolución administrativa y publicada en el Portal de Compras Públicas.

Desvinculación de funcionarios

En paralelo, el Consejo de la Judicatura separó a varios funcionarios vinculados al proceso. El 20 de enero se dispuso la desvinculación del Subdirector Nacional de Servicios Generales e Infraestructura Civil y, posteriormente, el Pleno del organismo resolvió la remoción del Director Nacional Administrativo, tras conocer un informe técnico en sesión extraordinaria.

Además, el presidente del Consejo ordenó el inicio de un proceso disciplinario y el trámite de remoción de responsabilidades administrativas, así como la ejecución de acciones legales ante las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General del Estado, con base en la información recabada.