En sesión extraordinaria del viernes 18 de septiembre, la Corte Constitucional (CC) del Ecuador, emitió dictamen de constitucionalidad sobre la propuesta de consulta popular planteada por el Concejo Municipal de Cuenca. Esta consiste en la prohibición de actividades mineras a gran y mediana escala en cinco zonas de recarga hídrica ubicadas en el cantón.
En la consulta popular, como anexo ambiental, deberán incluir otro recurso. Se trata del “Mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica elaborado por la subgerencia y gestión de ETAPA”. Esto funcionará como referencia para efectos de la consulta. El responsable de este diseño será la Autoridad Única del Agua.
«Los efectos de la presente consulta popular, ante un pronunciamiento afirmativo del electorado, serán únicamente hacia el futuro», explicó la CC.
Consideraciones frente al apoyo ciudadano
De ganar el pronunciamiento afirmativo del electorado, las medidas a implementar no podrán exceder el ámbito de competencias constitucionales. Tampoco las competencias legales fijadas para cada nivel de gobierno. Ni el dictamen «ni el resultado del eventual plebiscito deben entenderse como una atribución o reconocimiento de competencias que no hayan sido conferidas por el ordenamiento jurídico», explicaron.
Al final, el texto deberá incorporar:
«De conformidad con lo dispuesto en el Dictamen Nro. 6-20-CP / 20, las «prohibiciones» mencionadas en las preguntas se indicaron a lo indicado en los considerandos 65 y 66; estas medidas a adoptar en caso de ser aprobadas en el plebiscito operarán hacia el futuro y respetando las competencias institucionales establecidas en la Constitución y la ley. El Mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica elaborado por ETAPA ”constituye información de referencia para efectos de la consulta y deberá ser delimitada por la autoridad competente con la participación de ETAPA EP y el GAD municipal de Cuenca».
Las juezas constitucionales Teresa Nuques Martínez y Carmen Corral Ponce emitieron su voto salvado. Por su parte, en su voto concurrente, el juez Ávila pone énfasis en destacar la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
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