El derrame de petróleo ocurrido en Sucumbíos afectó a tres ríos: Conejo, Blanco Grande y San Miguel. La Corte Provincial de Justicia ratificó la responsabilidad de Petroecuador en el incidente.

La Sala Multicompetente confirmó que la estatal petrolera violó derechos constitucionales tras el derrame de 1,116 barriles el 10 de mayo de 2023. La fuga se produjo por la ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en el kilómetro 11, en la vía Lago Agrio – Quito, cerca del río Conejo, en la parroquia Santa Cecilia.

La decisión judicial reconoce que el derrame violó derechos al agua, la salud, un ambiente sano y la naturaleza. Al menos 18 comunidades de Santa Cecilia y 10 de Agosto sufrieron daños. El derrame afectó un tramo de 36 kilómetros, llegando a los ríos Conejo, Blanco Grande y San Miguel.

El tribunal ordenó medidas de reparación que incluyen la ejecución obligatoria de un plan emergente aprobado por el Ministerio del Ambiente. Este plan busca restaurar las aguas, suelos y vegetación afectados. Petroecuador debe realizar en 180 días estudios técnicos y poner válvulas de seguridad en zonas cercanas a comunidades y ecosistemas sensibles en Lago Agrio.

Aunque la empresa argumentó que la fuga fue provocada por una toma clandestina, el tribunal concluyó que no se cumplieron las medidas de prevención y remediación. Esto agravó el impacto ambiental y social del derrame.

La sentencia también indica que las válvulas de seguridad deben impedir el flujo excesivo de petróleo. Su instalación busca reducir el riesgo de daños similares en el futuro y minimizar daños potenciales.