El constitucionalista Rafael Oyarte lidera la estrategia jurídica de la exministra de Energía. La defensa asegura que el informe de Contraloría actúa como descargo.

La defensa de la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, concentró sus argumentos en deslegitimar las pruebas presentadas por los legisladores interpelantes.

El abogado constitucionalista Rafael Oyarte lidera el equipo jurídico que busca frenar el proceso de censura política en la Asamblea Nacional de Ecuador.

Oyarte sostuvo que los documentos de cargo carecen de validez jurídica y, en ciertos casos, benefician directamente la situación legal de la exfuncionaria.

Pugna por el informe de la Comisión de Transparencia

La mesa legislativa discute la validez de un informe de minoría sobre los contratos estatales suscritos con las empresas Progen y ATM.

Los asambleístas interpelantes, Blasco Luna y Mónica Palacios, aseguran que el texto demuestra una clara omisión gubernamental en la fiscalización del sector.

Sin embargo, Oyarte calificó al documento legislativo como un compilado de simples pareceres subjetivos elaborados por los propios acusadores de Manzano.

El jurista enfatizó que un informe de minoría carece de fuerza pericial y recordó que existe un informe de mayoría que lo supera.

Contraloría se convierte en prueba de descargo

Los legisladores de oposición sustentan la interpelación en el informe de la Contraloría General del Estado número DNA 4-0027-2025 sobre el contrato con ATM.

Los asambleístas denuncian el uso de generadores obsoletos del año 2017, pagos sin garantías y supervisiones realizadas mediante simples videollamadas.

No obstante, Oyarte argumentó que el examen del organismo de control ni siquiera menciona de forma tangencial a la exministra Inés Manzano.

Argumentos de la defensa sobre el examen de Contraloría:

• La Contraloría dirigió sus recomendaciones administrativas exclusivamente al gerente general de Celec y a los directores de las unidades de negocio.
• El ente de control estatal no inició procesos de predeterminación de responsabilidades o glosas civiles en contra de la exministra de Energía.
• La defensa técnica concluyó que la ausencia de señalamientos oficiales convierte al documento de la Contraloría en una prueba favorable de descargo.

Califican de inverosímil la acusación por pagos millonarios

Los interpelantes cuestionan el desembolso de 53 millones de dólares a la contratista el pasado 9 de octubre de 2024.

Dicha transferencia económica coincidió exactamente con el primer día de gestión de la funcionaria tras asumir el encargo de la cartera de Energía.

Oyarte catalogó como inverosímil la idea de que una ministra recién posesionada pueda frenar en segundos un trámite administrativo previamente aprobado.

El abogado puntualizó que el Ministerio de Finanzas ejecutó los pagos correspondientes basándose en una certificación presupuestaria emitida en julio de 2024.

Como prueba de su gestión, el defensor destacó que Manzano solicitó tres exámenes especiales adicionales a la Contraloría y denunció las anomalías ante la Fiscalía.