Después de conocer las resoluciones a las que llegó el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia sobre los hechos de octubre de 2019, la Defensoría del pueblo presentó una denuncia contra el presidente Lenín Morneo y funcionarios públicos.
la queja llegó a la Fiscalía General del Estado y el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, explicó que el informe señala a todos por el presunto delito de Lesa Humanidad. Además, la denuncia solicitó que la justicia prohiba la salida del país de los responsables.
La Defensoría señaló a la exministra de Gobierno, María Paula Romo; al excomandante de la Policía, Nelson Villegas; al exjefe de Estado Mayor de la Policía, Lenín Bolaños; a la general Maria Fernanda Tamayo; al excomandante de la Policía, Patricio Carrillo; al General de Policía, Víctor Aráus, al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
La respuesta del Ministerio de Gobierno.
Según el Ministerio de Gobierno, existen cinco observaciones al informe de la Defensoría. Así, explicaron que el informe lo elaboró una comisión extrajudicial, en la que dos de sus integrantes renunciaron por no estar de acuerdo con la comisión. “Por lo tanto, el informe debe ser tomado como una versión de los hechos. Pero de ninguna manera como una verdad absoluta. Es una comisión ad hoc nombrada por un funcionario cuya objetividad se encuentra en duda ya que acompañó a los manifestantes en el secuestro de policías y periodistas”, explicó en un comunicado.
El documento también recoge que “los acontecimientos de octubre se dieron en un contexto de extrema violencia en que la Policía Nacional actuó para mantener el orden y el imperio de la ley”. El ministerio resaltó que no se desalojaron lugares de reunión ni se registraron “enfrentamientos que no fueran aquellos en que la Policía Nacional repeliera la violencia de los manifestantes”.
En ese mismo sentir se encontró el Ministerio de Defensa. De acuerdo a su pronunciamiento, la institución explicó que durante la crisis de octubre del 2019, las FF.AA. coordinaron esfuerzos y tareas de apoyo con otras instituciones del Estado. La misión principal se basó en prevenir y contener acontecimientos de violencia generalizada y de conmoción interna. “La movilización de las Fuerzas Armadas, a escala nacional, permitió que se garantice la democracia, manteniendo el orden con respeto a los derechos humanos, libertades y garantías de sus ciudadanos para la construcción de una cultura de paz”, dijo Defensa.
