Este 2 de enero de 2026, se conoció que el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, su esposa Dolores Vintimilla, y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Andrés Fantoni, presidente de ese organismo; David Rosero; Johanna Verdezoto; y Jazmín Enríquez fueron denunciados por los presuntos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.

La denuncia también incluye a Francisco Rosero Utreras, socio de Godoy y Vintimilla y funcionario del Consejo de la Judicatura (CJ), así como a siete integrantes de la comisión ciudadana de selección que llevó a cabo el proceso de designación del presidente de la Judicatura, del cual Godoy resultó electo.

Los denunciantes son Juan Francisco Gabriel Morales, abogado y expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, y el exdiputado Jorge Eduardo Moreno. Ambos presentaron la denuncia el 22 de diciembre de 2025 y solicitaron a la Fiscalía que se dicte prisión preventiva contra Godoy y los demás implicados.

Además, los abogados pidieron que se remita la nómina completa de funcionarios del CJ que hayan desempeñado funciones o trabajado en los estudios jurídicos de Godoy, como parte de las diligencias investigativas.

Según Morales y Moreno, la posesión de Godoy como presidente de la Judicatura se dio con “múltiples irregularidades ejecutadas por el CPCCS en obediencia a intereses del Poder Ejecutivo”. En el escrito, sostienen que Godoy habría organizado un grupo delincuencial para beneficiarse económicamente de su función pública, junto con su cónyuge y otros asociados.

La denuncia se presenta en un contexto marcado por las declaraciones del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció supuestas presiones y amenazas contra su integridad tras dictar la sentencia por lavado de activos contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.